Los que trabajamos en el sector privado y tenemos que mantener una estructura pública cada vez más insostenible, hemos asistido perplejos a la enésima injerencia política en las decisiones de una empresa privada, líder a nivel nacional e internacional durante muchos años y con un accionariado repleto de nombres de fondos internacionales muy relevantes. Evidentemente estoy hablando de Ferrovial y de don Rafael del Pino.

Los que trabajamos en el sector privado y tenemos que mantener una estructura pública cada vez más insostenible, hemos asistido perplejos a la enésima injerencia política en las decisiones de una empresa privada, líder a nivel nacional e internacional durante muchos años y con un accionariado repleto de nombres de fondos internacionales muy relevantes. Evidentemente estoy hablando de Ferrovial y de don Rafael del Pino.

¿Creen ustedes que si las Pymes y autónomos de este país pudieran replicar la decisión de Ferrovial no lo harían? Pues claro que lo harían y saldrían corriendo de este infierno de acoso a la empresa privada y al empresario o emprendedor y de esta asfixia impositiva y de injerencia cada vez mayor de unos poderes públicos cada vez menos preparados, más sectarios y cargados de una ideología intervencionista al mejor estilo bolivariano.

No es de ahora, ya viene de lejos. Los insultos a grandes empresarios de este país como don Amancio Ortega o Juan Roig llevan produciéndose desde hace muchos años sin la debida y contundente respuesta de empresarios y asociaciones empresariales que tendrían que haber parado esta deriva de acoso desde hace mucho tiempo.

Casualmente aquellos que acosan a los que crean empleo y riqueza en este país, son los que nunca han creado una empresa y un puesto de trabajo y además viven del sector privado. Con el agravante de que además ejercen el poder vía legislativa y del control de las instituciones contra aquellos de los  que viven. Sin sector privado no existe el sector público y no existirían los políticos ni los sindicatos ni las asociaciones empresariales.

Hemos visto muchas injerencias del sector público en la empresa privada con la excusa del Covid y de las ayudas aprobadas con los fondos europeos y los ICOs. Hemos asistido a la toma de Indra por parte del ejecutivo y socios afines, al control de Prisa por personajes muy cercanos a la Moncloa, al reparto de ayudas ICO y subvenciones directas a empresas que no justificaban su recepción (caso Plus Ultra).

Y lo último ha sido el acoso descarado público y mediático a una empresa privada como Ferrovial por tomar una decisión estratégica para su futuro y aprobada por la mayoría aplastante (93,3%) de su accionariado. El propio presidente del gobierno y todo su gabinete ministerial  apoyado por sus medios “apesebrados” y palmeros que se hacen llamar economistas, han generado una campaña contra la decisión de la compañía absolutamente impropia de un país desarrollado, miembro de la Unión Europea (la cuarta potencia), regido por una Monarquía Parlamentaria y basada (en teoría) en un régimen democrático con la hipotética separación de poderes que ello conlleva.

Amenazas directas desde el Ministerio de Economía y del de Hacienda con tomar represalias por la decisión soberana adoptada en una Junta General de una empresa privada cotizada en el índice IBEX35 y con una capitalización bursátil de 20.070 millones de euros. Con un accionariado repleto de grandes fondos internacionales y con una presencia a nivel internacional envidiable.

No voy a entrar en lo acertado de la decisión ya que se han escrito ríos de tinta sobre ello y ha quedado demostrado que todos los argumentos gubernamentales esgrimidos en contra no tenían ninguna base legal ni jurídica y además en la mayoría de las ocasiones eran mentira y simplemente estaban apoyados por argumentos ideológicos y de estrategia electoral en este momento.

En un momento en el que España sigue siendo la única economía de la Unión Europea que no ha recuperado los niveles de PIB del 2019, lidera las cifras de desempleo en la OCDE, mantiene un déficit público estructural cercano al 5% (a pesar de una recaudación fiscal histórica y los fondos europeos), una deuda pública que no deja de crecer y una inflación subyacente y de alimentos en niveles insoportables, no parece muy apropiado por parte del Ejecutivo sacar pecho y orgullo “patrio” cuando la gestión realizada por el mismo tanto de la gestión sanitaria y económica desde que están en el poder, sería razón suficiente para haber convocado elecciones anticipadas y todos ellos estuvieran en las listas del paro e incuso alguno hubiese pasado por el banquillo judicial correspondiente.

Atacar a la empresa privada y asfixiar a todos los que crean riqueza y empleo, no parece la mejor estrategia por parte de aquellos que tienen que poner las bases legales y jurídicas para el mejor desarrollo del país y sus ciudadanos, además de velar por los principios fundamentales del libre mercado y de la libre competencia. Su misión es defender los intereses nacionales y ayudar a su progreso y desarrollo sobre unas bases de estabilidad económicas y jurídicas y no todo lo contrario. Pues claro que hay inseguridad jurídica y política en este país.

Sólo hay que ver la forma de legislar de este Ejecutivo vía Decretos Leyes sin discusión parlamentaria, es decir, instrumentos que deberían ser la excepción ya se han convertido en la forma natural de legislar. Son ya tantas leyes aprobadas por esa vía y tantas otras metidas de soslayo en las anteriores y de forma camuflada, que lo raro es que Europa no se haya pronunciado todavía sobre ello. Por no hablar de la conquista política de todas las instituciones de este país. Desde el INE, CNMV, CNMC, Fiscalía, CGPJ, Tribunal Constitucional, Correos, por mencionar sólo algunas de ellas.

Y luego hablan de transparencia, independencia y patriotismo. Los que más vergüenzas tienen que ocultar y callar todos los días. Vamos a escándalo diario en las filas del gobierno social comunista que se van tapando unos sobre otros gracias al control de los medios, el control de las instituciones y a una muy débil y desganada oposición política.

El entorno económico que hemos vivido y que todavía nos queda por vivir ha sido muy complicado y lo seguirá siendo. Y lo último que necesita este país y su tejido productivo es esta forma de gestión política y legislativa para poder enfrentarnos a ello.

La persecución impositiva a sectores estratégicos como el energético y el  bancario con impuestos injustificados e ideológicos así como a sectores como la distribución, el transporte y el turístico que son pilares de la economía y del empleo y que se han mostrado resistentes a la situación de crisis y han permitido una cierta recuperación de los niveles de 2019, no son las mejores terapias a aplicar en este momento. Por no hablar del maltrato y desprecio al colectivo de autónomos y pymes de este país, que si pudieran ya habrían seguido la decisión de Ferrovial hace muchos años. La llamada “reforma laboral” y la desastrosa reforma “Escrivá” (ese que defendía lo contario antes de hacerse Sanchista) de las pensiones están provocando un tsunami “escondido” en el empleo y desequilibrios presupuestarios y que tenderá a agravarse en el futuro como bien apuntan instituciones como la AIReF, Fedea, Banco de España y muchos otros no dependientes del gobierno y que explican sin cortapisas las consecuencias de todas estas decisiones.

Sirva como ejemplo la reciente estimación de Fedea que predice la destrucción de 240.570 empleos en los próximos tres años gracias a la reforma del otrora presidente de la AiReF, el ministro Escrivá, hoy convertido en un Sanchista de pro y alejado de todas las tesis que defendía en aquella etapa.

Queda un año 2023 por delante muy complicado y en clave electoral, lo que hace pensar (por lo ya visto hasta ahora) que la tendencia en las decisiones serán más en clave política y basadas en las encuestas que vayan saliendo que en el beneficio del país y sus ciudadanos. Se va a beneficiar a aquellos colectivos que puedan suponer una bolsa de votos cautiva en detrimento de una gestión económica apropiada y necesaria para resolver los desequilibrios estructurales que padece España y su sector productivo. Una política energética basada en agendas ideológicas como la famosa”Agenda 2030” y no en el desarrollo y explotación de los recursos naturales de que disponemos y que nos harían independientes energéticamente de otros países, además de convertirnos en suministradores de energía a Europa. Con el consiguiente ahorro y reequilibrio de nuestra balanza comercial, seriamente deteriorada por la importación actualmente de dicha energía del exterior.

Una política impositiva extractiva y penalizadora del empleo y por tanto del desarrollo futuro de nuestro tejido productivo. Una política de ataque al empresariado, ese “capitalista despiadado” y al que hay que demonizar cara a conseguir un puñado de votos. Una ley de vivienda recién presentada y que una vez más se traduce en una intervención del mercado libre que llevará a una escasez de vivienda en alquiler y a unos mayores precios en el sector, con el consiguiente parón de este segmento de actividad, además de la repercusión en propietarios y actuales y futuros inquilinos. Por no hablar de las fuerzas políticas que han presentado la Ley de ¿Vivienda? y que siendo enemigos acérrimos de España pretenden imponer las bases de un mercado tan relevante para la economía como el inmobiliario. 

Todo un despropósito y como estamos observando, una destrucción de España en cada decisión tomada por este Ejecutivo. Todavía nos quedan muchas curvas por delante y unos mercados frágiles y volátiles que ante cualquier noticia negativa reaccionará de forma convulsa. Estamos viendo una fuga de fondos hacia activos “defensivos” como el oro, la deuda pública a corto plazo y los fondos monetarios, aunque de momento las bolsas aguantan bastante bien dadas las circunstancias vividas y las convulsiones en el sector financiero con los bancos americanos y el Credit Suisse. Veremos a partir de ahora el desarrollo de los bancos pequeños y medianos, más propensos a ser afectados por las crisis de liquidez. Así como la llamada “banca en la sombra o shadow banking” sujeta a menos regulación y con una exposición mayor a potenciales crisis. Estaremos pendientes de la ya empezada campaña de resultados empresariales (de momento tranquila en grandes bancos americanos) así como de las decisiones de los bancos centrales hasta junio.

Lo dicho. Quedan muchas curvas por sortear todavía y no estamos en las mejores manos. Así que hay que estar muy atentos a los acontecimientos a corto plazo y tener la cintura flexible para reaccionar lo más rápido posible. Y aprendamos a votar para evitar males mayores a futuro.