El ilegítimo planteamiento de la Mesa de Diálogo

El viernes, 15 de julio, el presidente del gobierno de España se reunió con el presidente de la Generalitat. Días antes, el Ministro de la Presidencia del gobierno de España y la Consejera de la Presidencia de la Generalitat alcanzaban un acuerdo que precede al encuentro entre Sánchez y Aragonès.

Vamos a comentar ese acuerdo brevemente, a la espera de ver qué sale de esa Mesa de Diálogo.

1. Diálogo y negociación sobre el conflicto político con reconocimiento de las posiciones de todas las partes; esto es, sobre la independencia de Cataluña

«El Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Catalunya han iniciado un proceso de diálogo, negociación y eventuales acuerdos para la resolución del conflicto político».

El conflicto político es la pretensión del gobierno de la Generalitat de Cataluña (una institución constitucional española) de convertirse en el gobierno de un Estado independiente integrado por el territorio de la actual Comunidad Autónomas y por la población actualmente residente en Cataluña. Esta pretensión, la secesión de Cataluña, puede ser sostenida por individuos, partidos, asociaciones y otras entidades, pero no por el poder público. Es absolutamente ilegítimo que el gobierno de España se siente a hablar siquiera con una institución constitucional española de un propósito que es abiertamente contrario a lo que establece nuestra Constitución.

El que el gobierno de España negocie abiertamente con el de la Generalitat la posible secesión de Cataluña; incluso aunque el gobierno de España mantenga que se opone y que está en contra, ya supone la creación de obligaciones en la esfera internacional, en la que se establece que una vez asumido el compromiso de negociar (y la palabra «negociar» está en este documento) hay que hacerlo de buena fe, sin excluir de manera sistemática e injustificada las propuestas que le hace la otra parte. No en vano me parece (hablo de memoria) que el Reino Unido jamás ha aceptado negociar con España la soberanía sobre Gibraltar. El gobierno de Pedro Sánchez sí lo ha aceptado en relación a la soberanía española con los nacionalistas catalanes.

No exagero ni soy tremendista, simplemente describo lo que hay.

Y, el conflicto catalán es un conflicto que tiende a resolverse en la esfera internacional. No desarrollaré aquí esto por no alargarme. Ya me he ocupado en otras entradas sobre esta dimensión internacional del desafío secesionista.

Que aquí se está hablando de la independencia de Cataluña y que el gobierno español se compromete a llegar a acuerdos sobre esto se hace expreso un poco más adelante dentro del mismo documento:

«También reconocen la plena legitimidad política de las diferentes ideologías y de los proyectos políticos democráticos que derivan de ellas, sea cual sea su visión sobre el futuro político de Catalunya y de su relación con el Estado, reafirmando la necesidad de debatir en profundidad y de tratar de llegar a acuerdos sobre las posiciones políticas de cada parte».

Y todavía un poco más adelante se indica:

«6. Los dos gobiernos se comprometen a facilitar un buen clima para la negociación de las propuestas, con la voluntad sincera de llegar a acuerdos parciales y, en su caso, a un acuerdo final. Dichos acuerdos deben partir del reconocimiento de las distintas visiones políticas y sociales y contribuir a superar las diferencias».

No caben excesivas dudas acerca de que el gobierno de España asume como una posición legítima la independencia de Cataluña (defendida de forma explícita y solemne por los líderes nacionalistas e integrada en el programa de gobierno defendido por el presidente de la Generalitat ante el Parlamento) y que está dispuesto a negociar sobre esa base «con voluntad sincera de llegar a acuerdos». Vamos, la obligación de negociación de buena fe explícita y puesta en la forma más clara posible.

2. Desjudialización. Es decir, tolerancia hacia las actuaciones del poder público al margen de la ley y de la Constitución

«Ambos gobiernos se comprometen a contribuir al fin de la judicialización del conflicto político».

Renuncia a la judicialización. Esto es, renuncia a acudir a los tribunales.

Para entender la gravedad de esto hemos de darnos cuenta de que aquí estamos hablando de actuaciones de poderes públicos, no de particulares. Y en el caso de los poderes públicos es especialmente importante que su comportamiento se ajuste a la legalidad y que en caso de que no se ajuste los tribunales controlen la legalidad de la actuación de las administraciones. Se trata de valores básicos de los estados democráticos que en el caso de España se reflejan en el art. 9 de la Constitución (seguridad jurídica), 103 (actuación de la administración de acuerdo con el interés general), y 117 y 118 de la Constitución (función jurisdiccional y obligación de acatamiento a las decisiones judiciales).

El pacto al que se llega es tanto como permitir que la Generalitat actúe al margen de la ley (como está haciendo) sin que el Gobierno intervenga (es lo que está pasando). Los ciudadanos sabemos que no podemos contar con que el gobierno de España haga cumplir la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico en Cataluña porque se ha comprometido con el gobierno de la Generalitat a no hacerlo.

Ya lo sabíamos, pero verlo por escrito es extremadamente desolador; y ante la indiferencia de la mayoría de la población española.

3. Compromiso con los derechos fundamentales de las personas, pero, en realidad, vulneración permanente de los derechos de quienes se oponen al nacionalismo

«Se comprometen, además, con los derechos fundamentales de las personas identificadas con cada proyecto»

¿Los derechos fundamentales de los jóvenes de S’ha Acabat!, acosados en los campus universitarios? ¿Los derechos fundamentales de las familias que piden educación bilingüe y el cumplimiento de las sentencias judiciales? ¿La libertad ideológica de los ciudadanos, vulnerada cuando las administraciones utilizan estas como plataformas de construcción de una verdad oficial (la megafonía del ayuntamiento de Vic llamando a los ciudadanos a la independencia?

He sido atacado varias veces, destrozadas carpas informativas, acosado e impedido de usar mi derecho a expresarme sin que en ninguna ocasión el gobierno de Pedro Sánchez hiciera ninguna crítica, ninguna actuación, adoptara ninguna medida tendente a proteger nuestros derechos.

Se ve que solamente los derechos de los nacionalistas estarán amparados por esta parte del acuerdo.

4. Reservado el derecho de transparencia

«2. Las reuniones serán públicas cuando existan acuerdos con el fin de informar a la ciudadanía».

La transparencia no es una opción, es una obligación. Impulso Ciudadano ha pedido las actas de las reuniones ya celebradas y ni el gobierno de España ni el de la Generalitat las han facilitado. Seguiremos insistiendo; pero es bueno recordar que no está en manos de los gobiernos, en los países democráticos, ocultar al público documentación que no esté protegida por la normativa de secretos oficiales.

5. Instituciones que vulneran constantemente los derechos fundamentales se comprometen a garantizar los derechos fundamentales

«La actuación de las instituciones garantizará en todo momento los derechos fundamentales, la privacidad y la libertad política e ideológica de todas las personas que se identifican con las posiciones políticas y democráticas presentes en Catalunya»

Debería preocuparnos que la libertad política e ideológica parece limitada a quienes defiendan posiciones democráticas. España no es una democracia militante y, por tanto, está de más dejar que el poder público determine qué entiende que es democrático y qué no; pero es que, además, ya habíamos visto que en Cataluña los derechos a la participación política, a la libertad de expresión y a la libertad ideológica de quienes discrepan del nacionalismo en absoluto están garantizados. Las Universidades públicas de Barcelona han sido condenadas por vulneración de derechos fundamentales de miembros de la comunidad universitaria que discrepaban del nacionalismo. Los datos personales de los catalanes fueron utilizados al margen de la ley por la Generalitat y los ataques por parte del poder público a los tribunales son constantes.

No, en Cataluña las instituciones no garantizan los derechos fundamentales de los ciudadanos, son descaradamente partidistas hasta el punto de que el nacionalismo se ha convertido en una ideología oficial.

RAFAEL ARENAS

Puedes seguir a Rafael Arenas en Twitter y también en su página personal «El Jardín de las Hipótesis»

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