España se juega mucho en los próximos meses. Los fondos europeos son fundamentales para reconstruir el tejido productivo, generar empleo y riqueza e intentar dar un giro a nuestra política industrial hoy muy basada en el sector servicios con el turismo como principal eje de nuestro PIB.

Ya hemos visto que España es de los países que más ha sufrido en su PIB en esta crisis de la OCDE por nuestra dependencia del sector servicios, además de por la absoluta negligencia en la gestión de la situación del gobierno social comunista que ha provocado una situación inédita en los últimos 100 años. Ya veníamos en 2019 arrastrando desviaciones significativas en déficit público, deuda y tasa de paro así como políticas ineficaces en la gestión de los mismos.

La crisis ha agravado seriamente esta situación y no parece que las decisiones de este gobierno vayan por el camino necesario para solucionar nuestros problemas estructurales, sino más bien todo lo contrario.

Están en juego 70.000 millones de € provenientes del fondo Next Generation EU que nos han sido asignados para poder recuperar la situación económica previa al Covid 19 y parece que este gobierno ha decidido hacer todo lo contrario de lo que nos piden para poder recibirlos.

La lucha de poder dentro del propio gobierno entre socialistas y comunistas está haciendo inviable el enfoque necesario de los problemas que ahora mismo necesita España. Si bien ambos están decididos a destruir el tejido empresarial y de autónomos español, unos lo hacen sabiendo que es su última oportunidad de seguir en el poder (Comunistas) y otros como objetivo de conseguir la red clientelar de votos necesaria para seguir aferrados a Moncloa. En ningún caso se toman decisiones basadas en las medidas económica necesarias  en este momento y sólo prevalece la ideología y el compro cautivo del voto. Estamos en manos de auténticos inútiles, ególatras, egoístas y que les importa un pimiento la sociedad española y su prosperidad.

No hace falta entrar en los detalles de la última refriega sobre la “derogación” de la reforma laboral de 2012. Ya han visto ustedes el espectáculo, incluso en prime time de la principal cadena del régimen, con Yolanda Díaz de gran protagonista. Ahora derogo, ahora no, ahora sí se puede, ahora no. Y todo ello teniendo de espectador expectante a la Comisión Europea que ya se ha manifestado sobre la necesidad de no tocar dicha reforma y flexibilizar el mercado de trabajo, reducir la temporalidad y facilitar la creación de empleo por parte de las empresas en sectores tan perjudicados como el de los jóvenes con un 39% de tasa de paro actualmente.

España dobla en tasa de paro la media de la Unión Europea y sin atisbos de mejorar teniendo en cuenta las decisiones tomadas recientemente por este gobierno. Subidas del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) que perjudican a los sueldos más precarios y fomentado la economía sumergida y sobre todo a las pequeñas y medianas empresas así como autónomos empleadores, que si todavía no han podido salir de la crisis, se enfrentan a costes laborales todavía superiores y sin visos de salir adelante en el futuro.

El gobierno, en su campaña de marketing de lo bien que va nuestra economía, sacaba pecho (una vez más) de las cifras de paro y afiliación del mes de octubre. Si bien las cifras no son del todo malas, es cierto que tampoco son para tirar las campanas al vuelo ni mucho menos, sobre todo viendo las tendencias de desaceleración que se perciben en las tasas de reducción del paro (0,02%), la evolución de la afiliación, las horas trabajadas (caen el 3,3%) y caída de la productividad por hora trabajada. La cifra real de parados en España en octubre incluyendo trabajadores en ERTE, autónomos en cese de actividad, otros no ocupados y demás categorías no incluidas oficialmente asciende a  4.083.875 parados. Es decir muy superior a la cifra oficial dada por el gobierno de 3.257.068 parados (79.410 parados más que en 2019). Y la cifra de afiliados real incluyendo ERTEs y ceses de actividad se quedaría en 19,4mn de afiliados todavía por debajo de las cifras de 2019. Todo ello teniendo en cuenta que la subida de empleo público está apoyando las cifras de afiliación con más de 177.000 empleados públicos nuevos en un año. Y que el paro en octubre sigue siendo en nueve Comunidades Autónomas con Madrid liderando desde hace meses la creación de empleo. A eso hay que añadir que hay 66.000 empresas menos cotizando comparado con febrero de 2020 y 74.000 menos comparado con hace dos años.

Es decir, nada que celebrar por el momento.

Otra gran equivocación de este gobierno es la presentación de un presupuesto para 2022 basados en un excesivo gasto y una estimación de ingresos absolutamente irrealista por muchos nuevos impuesto que nos quieran crear. Ya se ha demostrado que muchos de los impuestos anunciados a bombo y platillo, como la famosa tasa Google y la tasa Tobin, no están cumpliendo los objetivos anunciados, como ya se sabía. Si a eso le añadimos que 10 expertos analistas entre bancos de inversión extranjeros (JP Morgan), reputados departamentos de análisis nacionales (BBVA, Funcas, IEE, Mapfre, Caixabank, Consejo de Economistas) y otros organismos internacionalmente reconocidos como Banco de España y la AIReF han rebajado sustancialmente la previsión de crecimiento del PIB para 2021 (ya lo hizo el INE para el 2T21 en un 60%) y 2022, hace muy insostenible las cifras presentadas por el gobierno en Bruselas y podríamos decir que nacen muertas desde su creación.

Todo ello con la consiguiente pérdida de reputación y credibilidad a nivel internacional y sobre todo ante el organismo que tiene que decidir sobre la asignación futura de los fondos europeos.

España tiene un déficit estructural del 5% del PIB  y estos presupuestos no lo van a mejorar, sino más bien a perpetuar. Son casi 60.000 millones de euros que se dice pronto. Lejos de reducirlo va a convertir en estructurales una serie de gastos corrientes que tendrían que ser temporales en permanentes. Sumemos además la creciente factura de las pensiones que aumenta mes a mes y en 2022 ascenderá a 171.000 millones de euros (y más que lo hará con la jubilación de los “baby boomers”), la factura de nóminas públicas que se dispara año a año con este gobierno (hay 15,94 millones de personas dependientes del sector público por 16,55 millones en el privado) y asciende a 146.000 millones de euros. Para que nos hagamos una idea del coste esas 16,55 millones de nóminas privadas tienen un coste de 45.770 millones mensuales de euros y las 15,94 millones de públicas un total de 25.230 millones al mes.

Las revisiones a la baja del PIB para 2021 y 2022 provocarán una caída de la recaudación y por tanto aumentará la brecha fiscal existente. España es el único país de la UE que aumentará su presión fiscal en 2021 y 2022 comparado con países como Alemania, Francia o Italia que la disminuyen. Según el último informe del IEE (instituto de Estudios Económicos la capacidad de ahorro vía reducción de gasto público superfluo e ineficiente en España estaría en torno al 14% de PIB sin nos comparamos con la media de los países de la OCDE, lo que significaría en estos Presupuestos unos 60.000 millones de euros.

Y no contento este gobierno con toda la subida de impuestos anunciada y el récord de recaudación estimado en las diferentes partidas impositivas para 2022, el ministro Escrivá deja caer una propuesta difusa de subida de cotizaciones del 0,5% por año en los próximos diez años para paliar el agujero en la hucha de las pensiones generado en los últimos años. A la espera de ver los detalles de la ocurrencia, a primera vista es un coste adicional a las empresas (y veremos si a los trabajadores) que no solucionará el problema ya que espera recaudar unos 1.200/1.700 millones por año, lo que evidentemente no soluciona nada y es una traba adicional para las empresas y la creación de empleo. Las empresas pagan por cotizaciones a las Seguridad Social un total de 112.000 millones de euros (2/3 de los ingresos de la SS) y son un 30% superiores a la media de la UE.

Sólo saben poner palos en las ruedas a aquellos que son los únicos que pueden crear empleo y sacar adelante a este país antes llamado España. No saben hablar de reducir gastos sino de crear nuevos impuestos, expoliar a empresas y ciudadanos para ellos seguir manteniendo el poder mientras los ciudadanos se empobrecen cada día que pasa.

Como colofón decirles que en el último informe de la OCDE el indicador compuesto avanzado y que señala por anticipado cambios en el ciclo económico sitúa a España como el país peor posicionado tan solo superado por Indonesia.

Podríamos seguir con muchas de las iniciativas erróneas aplicadas por este gobierno como el Decreto de confiscación de los beneficios caídos del cielo de las eléctricas que tanto daño ha hecho, la Ley de Vivienda con la intervención del mercado de alquiler y la intromisión en la promoción residencial, el aumento de gasto de los ministerios y asesores, las negociaciones en la renovación del poder judicial, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo… etcétera. Pero necesitaría unas páginas más y no es cuestión de agotarles al extremo.

Dependemos de Europa y sus fondos que serán fundamentales para nuestra supervivencia. Sin las compras realizadas por el BCE en estos últimos años España estaría prácticamente quebrada. Así que nos durmamos y exijamos a este gobierno que haga los deberes o lo vamos a pasar mucho peor de lo que ya lo estamos pasando. El famoso “tapering” (reducción de estímulos por los bancos centrales) ya está llegando y antes o después llegarán las subidas de tipos de interés. Ahora tenemos una posición cómoda de pago de intereses de nuestra deuda pero puede cambiar en cualquier momento. Y si el BCE deja de comprar nuestra deuda tendemos que ir a los mercados a colocarla y les aseguro que el precio que tenemos que pagar será muy superior al actual. Y seguimos teniendo 1,21 billones de deuda en circulación.

Exijamos de una vez a este gobierno una política de austeridad y de consolidación fiscal necesaria o vamos a ser el patito feo de la UE y de la OCDE y pagaremos seriamente las consecuencias.

Sean felices y cuídense.