Una de las premisas clásicas de una democracia liberal representativa es la separación de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial. No es algo que inventara Montesquieu, ni una arbitrariedad, sino un contrapeso de sentido común nacido de la experiencia: la independencia de cada uno de los poderes existe para limitar los posibles abusos de los demás, todos igualmente legítimos. Los humanos tendemos a excedernos si no encontramos oposición, así que es mejor incorporar un equilibro de poderes especializados que lo ponga más difícil.

Cada sistema, casi cada país, maneja el equilibrio de un modo diferente, y no todos lo consiguen con la misma eficacia. En España existe la percepción (desde que lo dijo Alfonso Guerra) de que “Montesquieu está muerto y enterrado”, y eso se traduce en un funcionamiento anómalo de los poderes, que no se controlan como deberían, y en una pérdida de la percepción de legitimidad de las instituciones, algo que refuerza a cualquier posicionamiento populista, antisistema o antinacional.

Como en el sistema caciquista del siglo XIX, el problema es que el poder ejecutivo maneja al poder legislativo, y se impone al poder judicial. Afortunadamente, lo hace en un grado mucho menor que entonces; desafortunadamente, el grado está creciendo y todos lo vemos. Como entonces, las consecuencias en arbitrariedad y mal gobierno nos dañan a todos.

En cuanto al poder legislativo, los síntomas principales son dos: la facilidad con que los gobiernos suplantan la función legislativa con decretos ley, esquivando las garantías del procedimiento legislativo normal (algo que ha quedado patente durante la crisis del Covid); y la actuación de los representantes electos, que ejercen como la voz de su amo (la dirección del partido y ocasionalmente del gobierno) y no como la de los que les han elegido para ejercer su propio criterio, ignorando con ello criterios constitucionales evidentemente diseñados para defender la independencia del legislador.

Sobre el poder judicial, desde la reforma de Felipe González que enterró a Montesquieu, la significación partidista de los jueces y la designación de gran parte de su órgano de gobierno por el Congreso han limitado tanto la sensación de independencia de los jueces como su capacidad de enfrentarse efectivamente a los otros dos poderes (la porosidad entre poder judicial y ejecutivo no ha ayudado). Y el proceso de encadenamiento se está agravando en los últimos meses, con la posibilidad de acabar efectivamente con la independencia judicial.

Ambos deterioros se han producido conscientemente en favor de la autoridad de los liderazgos de los partidos. Ambos causan esa pérdida de legitimidad ante los ciudadanos y esa justificación de las alternativas al “sistema” y de los que predican una separación como forma mágica de solucionar problemas (al menos de cara a la propaganda electoral: la ley transitoria de Puigdemont agravaba la falta de separación de poderes). Ambos, en resumen, son tareas pendientes si queremos quitar excusas a los separatismos.

La cura del poder judicial es extremadamente sencilla, teóricamente. Se ha pervertido conscientemente la visión constitucional de un órgano de gobierno elegido por los jueces entre los jueces. Revertir esas erosiones, y blindar la interpretación original, es algo que sólo requiere la voluntad de los partidos de asumir que ni están ni deben estar por encima de la ley, y que el poder judicial no necesita su tutela.

La cura del legislativo es más compleja porque afecta tanto a la legislación electoral como a la de partidos políticos (y por la tentación de abarcar demasiado) pero también es posible. Parece evidente que la calidad de un representante popular será mejor cuando responda ante el pueblo que le elige antes que ante la dirección de su partido, y cuando se elija entre la mayor variedad posible de opciones. Es un equilibrio complicado entre partidos organizados y soberanía popular, entre eficacia y responsabilidad, pero está claro que en nuestro caso nos hemos volcado del lado de los partidos, y eso hace muy difícil cualquier reforma que perjudique su control sobre nuestras instituciones. Hay al menos cuatro tipos de soluciones.

Una es reforzar normativamente la independencia de los cargos electos respecto a los partidos, dejando claro que no responden ante éstos sino ante los electores, lo que lleva a medidas políticamente incorrectas (o rechazadas por la dirección de los partidos) como consagrar el derecho al transfuguismo, y a otras prácticas como asignar los medios a los legisladores antes que a los partidos.

La segunda parece más compleja de implementar, pero es mucho más necesario: hay que mejorar el modo en que los electores pueden hacer responsable a un cargo electo por su gestión, y expresar sus preferencias. Esto se traduce, sin duda y como mínimo, en listas abiertas al Congreso (en las que los electores puedan votar a personas concretas dentro de las listas de cada partido, y no asumir una papeleta con todo lo que contiene), tal como se usan para el Senado. Y sí, esto puede conllevar la necesidad de organizar circunscripciones más pequeñas, pero eso no es un problema real sino una oportunidad para afinar la representación.

La tercera es aún más complicada. Mejorar el control del elector sobre el electo es inútil si sólo se puede elegir entre un conjunto determinado por la dirección de partido de un modo inapropiado (por motivos distintos de la capacidad del candidato). La apertura de las listas es una medida limitada que debe y puede reforzarse con medidas de democracia interna (y quizá primarias) para reforzar la calidad y la independencia de los candidatos. Esto nos lleva al problema del uso de primarias como mecanismo plebiscitario en la organización interna de un partido, sustituyendo al mecanismo representativo, y dando lugar a una disminución (no un aumento) de la democracia interna. La designación de candidatos por un caudillo interno no es mejor que por una élite directiva: refuerza el control del ejecutivo sobre el legislativo en lugar de debilitarlo.

La cuarta es la financiación de los partidos políticos. De nuevo es difícil acordar un equilibrio entre financiación pública (que les proteja de la influencia indebida de posibles fuerzas externas, y de la necesidad de buscar dinero en fuentes indebidas, pero que consolida a las fuerzas ya establecidas y con representación institucional frente a posibles alternativas) y financiación privada (un cauce de expresión del apoyo popular real, pero difícil de controlar). Son materias en las que los partidos han demostrado ser capaces de ponerse de acuerdo sólo cuando están en la oposición, pero no cuando están en una posición en la que las normas actuales les benefician. Si se quiere debilitar el control de los partidos sobre los cargos electos, es esencial reformar no sólo de dónde sale, sino cómo se distribuye esa financiación (que no vaya al grupo parlamentario sino a la oficina de cada electo, por ejemplo). Y si los partidos son incapaces de acordarlo, quizá lo apropiado sería encargarlo a una agencia que sigue siendo independiente, como la AiRef.

MIGUEL CORNEJO

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