Cuando se habla mucho de libertad de expresión, malo, malo. Y si los que dicen defenderla, lo hacen destrozando las calles e impidiendo a sus vecinos ejercer el no menos importante y muy higiénico derecho a bajar la basura a su contenedor de cabecera a la hora debida, peor.

Yo no tengo ningún problema en poner mis cartas encima de la mesa. Defiendo la libertad de expresión en su máxima extensión; es decir, se puede decir todo aquello que no conculque la ley, que ha de ser lo más laxa posible en este ámbito. Los límites los hemos tenido muy claros toda la vida, no hay nada que inventar: la libertad de expresión no debe atentar contra el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia -artículo 20 de la Constitución del 78-, ni se puede incitar al delito, proferir amenazas, injurias, calumnias o hacer apología del terrorismo.

En estas cuestiones soy muy clásica. Creo que todo lo expresado anteriormente encierra una enorme casuística que se ha de dirimir de forma exclusiva en el ámbito penal. Cuando empleo la palabra ‘encierra’, lo hago de forma literal.  Esto implica que tenga que leer o escuchar cosas que me repatean, ya sea por cuestiones propias religiosas, políticas o de sensibilidades personales que todos tenemos. Al fin y al cabo, cada día demostramos que todos llevamos un ofendidito dentro. Pero los juzgados no pueden estar al servicio de nuestros sentimientos, frustraciones vitales o complejos varios, para eso están los psicólogos, queridos amigos. 

El debate sobre la libertad de expresión que domina buena parte de la actualidad informativa de estos días es falso y perverso. Ya lo dice mi amigo Javier Villamor todos los días a modo de recordatorio: no es el qué, es el quién. Aquí radica la cuestión. 

Que el penoso caso del rapero encarcelado, no por rapear -aunque algunos seamos partidarios de incluir esta especie en el Código Penal por horrorosa- sino por apología del terrorismo, es una excusa como otra cualquiera para sacar a la chusma a la calle como carne de cañón de políticos apoltronados que contemplan su obra desde sus casas tomándose un copazo, está clarísimo. Esta gente quemará contenedores hasta que esos tipos que ya no se acuerdan de lo que cuesta un café en un bar de barrio, decidan que ya no les conviene esta estrategia. 

Son esos políticos a los que les parece estupendo que Pablo Rivanosequé cante -es un decir- que <<es un error no escuchar lo que canto, como Terra Lliure dejando vivo a Losantos>>, <<que alguien clave un piolet en la cabeza de José Bono>>, <<…pero este hijo de puta cómo cunde tanto, me deja la nuca como la de Miguel Ángel Blanco…>> y así podríamos seguir un larguísimo rato. Para ellos esto es libertad de expresión. ¿Lo tenemos claro?

También es libertad de expresión que los etarras excarcelados sean recibidos en sus pueblos como héroes y se les haga todo tipo de homenajes por sus hazañas -asesinatos, secuestros, torturas, extorsión etc.-. Perfecto. Ni un pero, oye. Aquí no concurre apología del terrorismo. 

Contrasta esta visión tan amplia de la libertad de expresión con determinadas leyes que el Gobierno está tramitando. Llama la atención de forma especial la Ley de Memoria Democrática, cuyo objetivo es definir qué es verdad y qué es mentira. Ahí es nada. En palabras de Carmen Calvo, se trata de «encontrarnos con la verdad, la justicia, la dignificación de las víctimas, el perdón y la convivencia de los españoles». Se supone que en estos 40 años de democracia los españoles no hemos avanzado nada y tiene que venir la vicepresidente a poner orden en nuestras cabezas y en nuestros corazones. Por ley. Amén -un amén laico, por favor-.

La ley va acompañada de prohibiciones, sanciones y subvenciones -si no fuera así, no sería una ley socialista-, así que me permito aconsejar a todos aquellos que durante años han comprado libros sobre Franco, la Segunda República o la Guerra Civil, que hagan limpieza en sus bibliotecas porque, según quién los haya escrito, no valdrán para nada y pueden meter en un lío a sus hijos si les da por leerlos. 

La libertad de expresión no computa en lo que se refiere a la Historia de España. Será imposible un debate académico sobre el régimen franquista -imaginen que alguien dice que los pantanos fueron una buena idea-, sobre los hechos que motivaron la Guerra Civil o una simple conferencia que ponga en duda que la Segunda República fue un oasis de paz y amor. 

Hablamos de la Memoria Histórica, pero el debate de la ideología de género tampoco está libre de censura, conlleva la muerte civil del disidente en los grandes medios. Cuestionar la verdad oficial es pecado laico mortal. Qué decir de los que estamos en contra del sistema autonómico como modelo de organización de Estado: somo fascistas anticonstitucionalistas. 

Sin embargo, que el vicepresidente del Gobierno de España pueda decir y proclamar a los cuatro vientos que es republicano y está trabajando para desmontar el régimen del 78 es admitido sin ningún problema. También puede defender el derecho a decidir, que supondría la descomposición de la nación española, y su partido puede justificar y alentar la violencia de sus cachorros en las calles para defender la libertad de expresión. Aclaremos, la libertad de expresión del rapero, no la nuestra. 

Asumamos la realidad: no es el qué, es el quién. Bienvenidos a la dictadura democrática, amigos.

CARMEN ÁLVAREZ

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