Neocaciquismo y destrucción del Estado

1898 no fue hace tanto tiempo. Una de mis abuelas nació ese año, y yo aún no tengo 50. Pero para muchísimos españoles no existe, como todo lo que sucedió antes del inicio de la última guerra civil. Es una pena, porque tiene lecciones importantes.

En 1898 se firmó el Tratado de París por el que España perdió sus territorios en el Pacífico y el Caribe a manos de los EEUU. Puerto Rico, Cuba, Filipinas: al menos la mitad del territorio de España y de su población, y más de 100.000 muertos. Ciudadanos españoles de pleno derecho pasaron a ser ciudadanos de segunda colonizados por los estadounidenses, y España dejó de ser considerada una potencia significativa para ser considerada uno de los “enfermos” de Europa. Las provincias aragonesas del sur de los Pirineos soñaban con ser francesas, y el Campo de Gibraltar hasta Algeciras esperaba la anexión inglesa. Fue “el desastre” que marcó a una generación, y el desarrollo del siglo XX.

Pero 1898 tampoco llegó de repente. Las poblaciones de Cuba y Puerto Rico llevaban años alienadas, “desnacionalizadas” en palabras de Joaquín Costa, por unos gobiernos no sólo ineptos, sino falsamente representativos. La economía, el ejército, la marina, estaban carcomidas por décadas de mal gobierno precedidos de suficientes guerras en un siglo como para romper cualquier economía. Las guerras napoleónicas (y nuestros aliados ingleses) arrasaron con la industria por donde pasaron, los golpes sucesivos de liberales y absolutistas, las guerras civiles de secesión en Hispanoamérica, las guerras carlistas, la aventura colonial africana… envueltas por décadas de “turnismo”, un sistema de gobierno formalmente democrático en el que dos partidos se alternaban en el gobierno, falsificando sistemáticamente las elecciones según tocara, con el apoyo de un sistema de control social oligárquico conocido como “caciquismo”.

En otros países (Gran Bretaña o los EEUU de la época) existía también un sistema parecido, donde los grandes personajes de un territorio condicionaban el voto local en mayor o menor medida. La diferencia con España es que allí, cada partido tenía su “aparato” y competían entre ellos. Aquí, todos trabajaban para un mismo ministerio que decretaba el turno, y quién debía salir elegido. No había competencia, ni vigilancia mutua; sólo los ocasionales rebeldes y algunas zonas que iban por libre (por ejemplo, dicen, Navarra).

«La diferencia con España es que allí, cada partido tenía su “aparato” y competían entre ellos. Aquí, todos trabajaban para un mismo ministerio que decretaba el turno, y quién debía salir elegido...»

A cambio de la ayuda de la cadena feudal de caciques que llevaba desde los pueblos hasta las Cortes, éstos disfrutaban del favor oficial hasta extremos más que tóxicos. Influían en la justicia local, librando o atacando según su capricho. Influían en los impuestos locales, librando o cargando a quien querían. Influían en los presupuestos, dando lugar a carreteras hasta la puerta de su casa en un país en que los caminos seguían siendo en su mayoría de herradura. Dicho de otro modo, constituían una autoridad paralela por encima del Estado, un parásito que repartía favores para conseguir votos, y cobraba los votos con más capacidad para hacer favores.

Esto no dio sólo lugar a revueltas y asesinatos de caciques notorios (en Barcelona por ejemplo) sino a una degradación enorme de la calidad y de la legitimidad de la administración. Son los años en los que el interés romántico por la cultura de los antepasados toma de repente un cariz político, y nacen los nacionalismos catalán y vasco como versión peninsular de la “desnacionalización” que decía Costa.

«España se libró de mucho por la Primera Guerra Mundial, pero su convulso siglo XX es la historia de los intentos de los españoles de combatir ese poder oligárquico por distintos modos.»

España se libró de mucho por la Primera Guerra Mundial, pero su convulso siglo XX es la historia de los intentos de los españoles de combatir ese poder oligárquico por distintos modos. Hoy tenemos un sistema democrático real, pero cada vez más problemático, y la raíz es demasiado parecida. Puede merecer la pena ver las comparaciones.

Por un lado vemos que las administraciones están cada vez más sometidas al poder de los partidos, especialmente allí donde los nacionalismos han conseguido condicionar la contratación pública a sus intereses. Por otro vemos que la justicia tarda años en funcionar, permitiendo abusos sistemáticos de autoridad, y que los responsables de esos abusos se van de rositas dejando la factura a la administración de la que hicieron mal uso. Y finalmente vemos un control creciente de los medios de comunicación por el Estado (el “ministerio” de 1898), basado no sólo en la concesión o retirada de licencias sino en la distribución de subvenciones más o menos arbitrarias, y de una publicidad institucional no menos arbitraria.

«Finalmente vemos un control creciente de los medios de comunicación por el Estado (el “ministerio” de 1898), basado no sólo en la concesión o retirada de licencias sino en la distribución de subvenciones más o menos arbitrarias…»

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En Cataluña y País Vasco, los sucesivos gobiernos han “subcontratado” la gestión de votos como hacían los turnistas, poniendo en manos de unos caciques locales todos los resortes del poder a cambio de que, cuando llegue el momento, los votos de catalanes y vascos apoyen donde quiere el gobierno. Este neocaciquismo ha sido tan tóxico como el original, ya que los contratistas, una vez parasitada la maquinaria del Estado, no ven razón para no asumir los flecos que quedan del poder. Quieren librarse de las últimas restricciones: quieren la independencia.

Pero no es sólo en esas regiones donde las administraciones están colonizadas por los intereses de los partidos políticos. Basta ver lo que pasó en Andalucía, o en Castilla y León, o en Galicia, para ver que si no se pone coto al poder de los partidos de influir en la maquinaria administrativa y en la prensa, los que salen perdiendo son los ciudadanos de a pie.

Si los partidos que gobiernan pueden repartir favores ilegítimos a costa del Estado, si pueden controlar la información que recibe el ciudadano, el caciquismo resucita. Con otra forma, pero con las mismas consecuencias tóxicas para la democracia y para el bienestar de todos.

«Si los partidos que gobiernan pueden repartir favores ilegítimos a costa del Estado, si pueden controlar la información que recibe el ciudadano, el caciquismo resucita...»

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Estamos viviendo un desastre institucional sin precedentes, con unos niveles de descoordinación administrativa, incompetencia, sectarismo, amiguismo, que tienen consecuencias en el empleo y hasta en la salud. Estamos viendo intentos de secesión desde las instituciones del Estado. Estamos viendo violencia política jaleada desde autoridades del Estado.

Va siendo hora, en resumen, de ponerse serios. Podemos no estar de acuerdo en muchas cosas, desde la educación pública hasta la inmigración pasando por la gestación subrogada. Pero todos tenemos claro que con administraciones secuestradas por sectarios e incompetentes, las cosas no funcionan. Es momento de empezar a pensar en modos de reparar los cimientos y los muros de carga antes de que el edificio se nos caiga encima, porque estamos en tiempo de descuento.

MIGUEL CORNEJO

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MIGUEL CORNEJO
 
Economista de formación, gestor de proyectos de profesión, aficionado a meterse en charcos —fundó Macuarium.com y Magma, y no acaba de darse de baja de Ciudadanos— y a hacer sonar campanas. Casado y navarrizado. Últimamente le dejan presidir la Asociación Pompaelo, un grupo apartidista que defiende la auténtica historia, la igualdad y la libertad en tierras del viejo reino.

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