El nexo Washington – Barcelona

Se ha escrito mucho acerca del paralelismo existente entre la situación vivida en Washington, a raíz del asalto al Capitolio durante la validación de votos de las Elecciones Generales que otorgaron la victoria a Joe Biden, y los hechos acaecidos en Cataluña en 2017. Sí, se han escrito muchos artículos, pero muy pocos tan brillantes como este excelente análisis de Rafael Arenas, Catedrático de Derecho Internacional Privado, que hoy publicamos en Ataraxia Magazine.

1. Electrones y revueltas

Un electrón es indistinguible de otro electrón. Son exactamente lo mismo.
Ahora bien, en cuanto salimos del mundo de las partículas elementales ya dejamos de encontrarnos con identidades perfectas. Siempre hay algún elemento que diferencia a una persona de otra (aunque sean gemelos idénticos) y también a unos y otros acontecimientos.

Esto viene a cuento de la comparación entre lo sucedido en Washington y el sistemático ataque a la democracia que sufrimos en Cataluña y que tuvo su momento más tenso en los meses de septiembre y octubre de 2017. Evidentemente, no es lo mismo que una multitud invada el Capitolio en Washington e interrumpa una sesión de las Cámaras en las que se está validando la elección del Presidente de Estados Unidos que los acontecimientos que hemos vivido en Cataluña. No estamos ante dos electrones. Pero sí que existen muchos elementos relevantes comunes; y los que los separan no son especialmente significativos si analizamos ambos acontecimientos desde la perspectiva del respeto a los principios democráticos y el estado de derecho.

2. Washington y Barcelona: ataque a las instituciones democráticas y al Estado de Derecho

El elemento esencial común que conecta Barcelona con Washington es la impugnación de la legitimidad de las instituciones y principios democráticos. Aquí siempre es necesario recordar que la democracia, tal como se entiende en la Unión Europea y también en Estados Unidos, no se limita a votar; sino que precisa del respeto a la ley, a los derechos fundamentales y a la separación de poderes. Sin estos elementos por muchas votaciones que haya no habrá democracia.

En Cataluña los que asaltaron la legalidad en 2017 (y no solamente en 2017) no pretendían eliminar las votaciones, al revés… sino que su objetivo era poner fin a los otros elementos que son esenciales para la democracia. De igual forma, quienes asaltaron el Capitolio en Washington no lo hacían porque les molestara que se votara, sino precisamente porque pensaban que sus votos no habían sido considerados de la forma adecuada. Unos y otros podían apoyarse en las urnas para coger impulso en su ataque a la democracia.

Este ataque se concretaba en la ruptura de los procedimientos; algo que suena a accesorio, pero que es esencial. En el caso de los seguidores de Trump lo que impugnaban no era la votación en sí, sino la forma en que se contaban los votos, se resolvían las reclamaciones y se sancionaba el resultado final (lo que se hacía en el Capitolio, precisamente en el momento en el que se produjo el asalto). Ahora bien, esos procedimientos son esenciales, porque sin ellos ¿en qué forma puede realizarse una votación sin incurrir en abusos o fraudes? ¿cómo podemos votar si no respetamos las reglas que previamente hemos acordado para determinar cómo hemos de proceder?

El caso catalán no es diferente. No es que no se pueda decidir sobre la secesión de Cataluña, lo que pasa es que los nacionalistas catalanes quieren decidir sobre ese asunto sin contar con quienes sí pueden hacerlo, que es el conjunto de los españoles, y saltándose el procedimiento que habilitaría la creación de un nuevo estado en el territorio de Cataluña, la reforma de la Constitución española de 1978.

Este saltarse el procedimiento aquí implica privar de voz a quienes se ven afectados por la decisión y romper las reglas que nos permiten adoptar decisiones colectivas.

El caso catalán es, sin embargo, más grave que lo sucedido en Estados Unidos. Con la información de la que disponemos en este momento, no parece que el asalto fuera parte de un plan que tuviera por objeto la derogación de la constitución de Estados Unidos o su inaplicación. En el caso catalán, sin embargo, era esto exactamente lo que se pretendía con los diversos hechos que vivimos en los meses de septiembre y octubre de 2017. Una serie de acontecimientos que tenían por objeto la pérdida de eficacia de la constitución española en Cataluña como paso previo a la independencia de la región. Su concatenación era, a su vez, extremadamente lógica:

Derogación de la Constitución en los plenos de los días 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña.

– Impedir que las instituciones del estado pudieran actuar en Cataluña. Y aquí fue clave el bloqueo de una comisión judicial que investigaba la sede de la Consejería de Economía de la Generalitat el 20 de septiembre de 2017.

– Desobediencia expresa a las decisiones del Tribunal Constitucional con el fin de visibilizar que el estado español no controlaba de manera eficaz el territorio de Cataluña

– Realización del referéndum de secesión del 1 de octubre con el fin de hacer nacer una legalidad que se opusiera a la legalidad española

– Paro de país del 3 de octubre orientado a conseguir que se hiciera patente la aparición de una nueva realidad política independiente de España. Petición de retirada de Cataluña de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Acoso a los agentes de las policías que dependían del Estado e instrumentalización de la policía regional.

– Declaración de independencia del 10 de octubre.

En el caso de Cataluña la existencia de un plan orientado a conseguir el fin de la vigencia del ordenamiento jurídico español en Cataluña es expresa; y para ello se recurrió en varias ocasiones a la utilización de las masas como elemento que imposibilitara la actuación de la policía o de los tribunales.

En este sentido, el paralelismo entre el bloqueo de la comisión judicial en la Consejería de Economía el día 20 de septiembre y la ocupación del Capitolio es evidente; así como la ocupación de colegios el 1 de octubre para la realización del referéndum (en contra de la prohibición de los tribunales), así como la oposición a la actuación de la policía, organizada e incluyendo el levantamiento de barricadas, emboscadas a los agentes o el acoso a los mismos, tanto en el ejercicio de sus funciones como fuera de servicio. Con posterioridad a aquellos meses tuvimos, además, un intento de ocupación del Parlamento (1 de octubre de 2018), así como de infraestructuras básicas como el aeropuerto ya en el año 2019.

No puede negarse, por tanto, que hay similitudes bastante claras entre lo sucedido en Washington y lo acaecido en Cataluña. En ambos casos se trata de impedir la actuación de las autoridades (los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado en el caso de Estados Unidos, los tribunales, agentes judiciales y policía en el caso de España, fundamentalmente; aunque con un conato también de ocupar el Parlamento) con el fin de cuestionar el marco político; esto es, con el fin de debilitar el Estado de Derecho.

3. Washington y Barcelona: Conexión entre el poder público y quienes actúan

Las semejanzas van más allá, sin embargo. Es clave en ambos casos la conexión entre el poder público y quienes actúan. Tanto en Washington como en Cataluña nos encontramos inicialmente con lo que podría ser una manifestación, pero que muta para convertirse en algo más como consecuencia de la instrumentalización que de ella se hace desde el poder público. En el caso de Estados Unidos, el papel de Trump agitando los ánimos de sus seguidores y conminándoles a actuar ha sido clave. En el caso de Cataluña es evidente la labor de la Generalitat y otras administraciones catalanas controladas por los nacionalistas en la construcción de un agravio que enfureció a una parte considerable de la sociedad, el mantenimiento del mismo con una versión tergiversada de la realidad y de la historia cuando no acudiendo directamente a mentiras; la inoculación de la creencia en que se tenían ciertos derechos que, en realidad, no existían, y la afirmación de que la protesta popular podía convertirse en abierta insurrección sin que esto tuviera que tener ninguna tacha, ninguna consecuencia, ni política ni penal.

Los discursos de Trump insistiendo en un fraude electoral, su petición de que se acudiera al Capitolio y la tímida petición de que se depusieran las actuaciones violentas, a la vez que manifestaba sus simpatías con quienes habían ya interrumpido la sesión conjunta del Congreso, se corresponden con la insistencia en el pretendido maltrato a Cataluña por parte del Estado; la proclamación de un inexistente derecho a la secesión, las llamadas a la población catalana a participar en el referéndum del 1 de octubre o en las protestas contra la sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 2019, la petición de Joaquim Torra a los CDR para que “apretaran” y el tardío rechazo a la violencia generada. En ese sentido, Trump mostrando su simpatía con los asaltantes a la vez que la Guardia Nacional intervenía, se asemeja a la del gobierno de la Generalitat con la de quienes protestaban en octubre del 19, a la vez que los Mossos d’Esquadra cargaban contra ellos y el propio gobierno condenaba las cargas que él mismo había ordenado.

En definitiva, tanto en el caso de Estados Unidos como de Cataluña nos encontramos con una actuación concertada entre el poder público y los ciudadanos en los que estos hacen de fuerza de choque, confundiendo lo que es el inicio de una rebelión con una protesta amparada por el derecho de manifestación y dejando la puerta abierta a ser más o menos contundente en la respuesta en función del resto de circunstancias.

Personalmente entiendo que esta manera de actuar es especialmente deleznable. Aquí me aparto de la comparación porque no tengo elementos para determinar cómo se desenvuelven las cosas en Estados Unidos, pero en Cataluña es realmente sangrante ver cómo son sujetos u organizaciones en principio desvinculadas del poder público quienes actúan coaccionando, por ejemplo, a los disidentes ante la pasividad de la policía. La sensación de indefensión que se siente en esas ocasiones es difícilmente descriptible. Alguien te boicotea, te arroja objetos o te intenta agredir y la policía se queda ante ti de brazos cruzados. Horrible.

Así pues, vemos como hay paralelismos relevantes entre lo sucedido en Estados Unidos y lo que pasa en Cataluña: en ambos casos nos encontramos ante un ataque a principios democráticos protagonizado por ciudadanos que son movidos desde el poder público y que quizás obran confiados en la protección del propio poder. En el caso de Cataluña es evidente, y en el de Estados Unidos no hay que olvidar que quien animaba a protestar era el presidente de Estados Unidos, como dice el tópico: la persona más poderosa del mundo.

4. Washington y Barcelona: Diferencias


Existe, sin embargo, una diferencia muy relevante entre Estados Unidos y España. En Estados Unidos la reacción de la opinión publicada fue inmediata y contundente. Rápidamente se extendió la indignación ante el ataque a las instituciones, se desalojó a los ocupantes del Capitolio, se iniciaron actuaciones policiales, se anunciaron actuaciones penales y se exigió el cese de Donald Trump. Palabras como sedición llenaron los análisis de los tertulianos y se comenzó a estudiar si lo sucedido podía ser considerado como un intento de golpe de Estado.

La previsión es que los que participaron en el asalto y sean identificados pasarán por los tribunales y probablemente por la cárcel. No parece que haya muchas dudas de ello.

En España, en cambio, ante ataques objetivamente más graves al Estado de Derecho, ante desobediencias expresas a los tribunales, ante la amenaza de la secesión, ante la ocupación de los colegios para la realización de actos ilegales, ante la derogación de la Constitución y la vulneración de los derechos parlamentarios de la oposición, ante la instrumentalización de las instituciones y el aviso de que la policía autonómica se pondría del lado de la rebelión (de la República Catalana), la reacción fue en un sector muy relevante de los opinadores y de los medios públicos de comunicación, de contemporización, de un “no es para tanto”, de “¿de verdad que se van a iniciar acciones penales?”, de necesidad de dialogar con los que habían quebrado la ley, de tolerancia hacia las vulneraciones legales que siguieron, de rechazo a buscar responsables entre quienes bloquearon a la policía que tenía órdenes judiciales, de quienes ocuparon colegios, de quienes montaron barricadas, de quienes cortaron vías de comunicación, de quienes impidieron por la fuerza que quienes quisieran pudieran trabajar o estudiar el 3 de octubre o en otros momentos en los que los nacionalistas decidían que todos teníamos que hacer huelga.

Esta es una diferencia no menor entre Estados Unidos y España. En Estados Unidos hasta personas muy cercanas a Donald Trump rechazaron con contundencia lo que estaba sucediendo y se negaron a cuestionar la actuación de la policía (que causó cuatro muertos en unas pocas horas). En España, unas horas después de haberse iniciado una actuación policial en todo el territorio de Cataluña con centenares de intervenciones y en las que no hubo un solo fallecido y en la que resultaron heridas de una gravedad tal que requirió hospitalización cuatro personas, mayoritariamente se hablaba de desproporción en la actuación policial. Como excepción este artículo de Félix Ovejero y Alejandro Molina.

Esta es la diferencia. Si no hay convicción democrática para defender los principios básicos del Estado de Derecho al final quienes sí tienen esa convicción, pero para destruirlo, acabarán venciendo. En Estados Unidos han tenido una experiencia peligrosa, con un presidente que ha jugado claramente a destruir ese Estado de Derecho; pero la sociedad se ha mostrado lo suficientemente fuerte como para reaccionar.

La sociedad civil española no ha mostrado esa misma convicción. Y eso debería preocuparnos.

RAFAEL ARENAS

Puedes seguir a Rafael Arenas en Twitter y también en su página personal “El Jardín de las Hipótesis”

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