Si uno se echa un poco atrás, si deja de pensar como un extra más de la película y se limita a observarla desde fuera, estos días empiezan a parecer como esos documentales sobre los años anteriores al nazismo, a la guerra civil, a la primera guerra mundial, o a cualquier desastre de esos que en su momento parecían increíbles pero ahora nos parecen evidentes e inevitables.

No queremos verlo, pero las grietas en los cimientos y columnas de nuestras instituciones ya son más anchas que las puertas. La justicia es tan lenta, cara y poco efectiva que permite casos como el acoso judicial sostenido a la ex cabo de los Mossos Inma Alcolea por parte de la Generalitat. Permite que ésta se salte la ley y que no la aplique (como en los cortes de la Meridiana), que gaste su presupuesto arbitrariamente con criterios sectarios. Su máximo órgano está a punto de perder la última hoja de parra que disimula su subordinación al poder legislativo. La Justicia ya no es para todos, ni protege a todos. Ya no es justicia.

La administración no aplica la ley más que cuando quiere quien manda. La misma policía que detiene a ciudadanos por estar seis en la calle, guarda las entradas de banquetes oficiales en el Palacio de Navarra. Personas que tienen la entrada prohibida en Europa se pasean por Barajas y las cámaras que lo graban se ocultan al público. Los vuelos privados del presidente del gobierno se ocultan por seguridad nacional. Las leyes de inmigración se aplican con menos seriedad que las de sanidad. Y los criterios de mérito y capacidad incluyen la lealtad al partido de turno.

«Cosas tan básicas como la presunción de inocencia han dejado de existir para algunos delitos (si eres hombre). Las consecuencias de denunciar una irregularidad siguen siendo peores para el que denuncia que para el infractor…»

Y la ley ya no es igual para todos. Los derechos y deberes de los ciudadanos dependen de su lengua materna: el acceso al empleo público, a subvenciones, a servicios públicos, están condicionados por criterios arbitrarios y definidos por parte interesada. Cosas tan básicas como la presunción de inocencia han dejado de existir para algunos delitos (si eres hombre). Las consecuencias de denunciar una irregularidad siguen siendo peores para el que denuncia que para el infractor, y las barbaridades hechas desde un cargo público o administrativo sólo las pagan la propia administración y los contribuyentes.

Los límites de lo que la mayoría puede imponer a los demás siguen extendiéndose. Se pretende ilegalizar la difusión de hechos históricos que no concuerden con los prejuicios de los gobernantes. Se intenta acallar a columnistas que critican al gobierno. Se acogota a la enseñanza concertada. Se invade la prerrogativa de los padres de que los hijos se eduquen en sus valores. Se pretende dictar, por tierra, mar y aire, qué comportamientos y qué forma de hablar son “políticamente correctos”. Se tolera que grupos de radicales jaleen en público a asesinos que no se arrepienten de haber matado a demócratas por sus ideas.

El orden público se resquebraja. Ya sea por no ser llamados racistas, por no oponerse a aliados separatistas o para no disgustar a los participantes en una fiesta masiva, cada vez se ven más ejemplos de aplicación selectiva de la fuerza de la ley.

Y de fondo a todo este teatro del absurdo, como una ola enorme cerniéndose sobre un carnaval, tenemos una crisis económica que nos estamos negando a ver también pese a que ya afecta a cientos de miles (o quizá millones) de familias. Con una tasa de paro muchísimo más alta que la media europea, completamente injustificable salvo para proteger los privilegios de los mejor pagados, estamos añadiendo bajas, perdiendo autónomos y ahogando empresas gracias a la pandemia. Los fondos europeos que deberían servir para amortiguar el golpe (ya que no hay casi fondos nacionales) no sólo están en el aire sino que parece demasiado fácil que se malgasten.

«Se pretende dictar, por tierra, mar y aire, qué comportamientos y qué forma de hablar son “políticamente correctos”. Se tolera que grupos de radicales jaleen en público a asesinos que no se arrepienten de haber matado a demócratas por sus ideas...»

No hemos llegado aquí de repente. Nos ha costado cuarenta años debilitar las instituciones hasta este punto, y ponerlas al servicio de intereses de partido de modo que no puedan defenderse.

La corriente que nos ha llevado hasta aquí sigue empujándonos. Y no hay modo de pararla en los próximos tres años, porque el único freno democrático son las elecciones, y quedan lejos. Dada la situación de los partidos españoles y su trayectoria, tampoco esas elecciones ofrecen esperanza de algo más que parches que contengan la riada. Los diques, la reconstrucción de las instituciones y el estado de derecho, las reformas que liberen el país de intereses creados y pongan a todos los españoles en pie de igualdad, no figuran ya en el programa de nadie.

Visto desde fuera, estamos en un punto de inflexión que no puede corregirse. La trayectoria que llevamos es inequívoca: vamos hacia un gobierno populista autoritario de pseudoizquierda apoyado en nacionalismos xenófobos, un cambio de régimen de facto y de jure. Las defensas judiciales, la oposición, las instituciones europeas, las manifestaciones, los manifiestos de la sociedad civil, parecen una protección muy débil ante la amenaza de tres años más de erosión de nuestra democracia, nuestra Constitución, nuestras leyes e instituciones.

Y mientras todo eso sucede, permanecemos como los estadounidenses el 7 de Enero: mirando incrédulos la invasión de su Capitolio sin acabar de creerse lo que está pasando, buscando explicaciones externas a las acciones impensables que tienen delante, intentando justificar lo injustificable para no reaccionar, o (en el caso de los invasores) sin acabar de creerse lo que están haciendo y sin tener nada claro lo que puede causar.

En los meses que vienen, lo único que puede evitar esa invasión final es la conciencia cívica y la acción. Son los funcionarios honrados, en Justicia y en Interior y en todas partes, haciendo el trabajo que saben que deben hacer, del modo en que saben que debe hacerse, sin ceder a presiones ni buscar favores, y denunciando las irregularidades que ven. Son las asociaciones plantando cara en los juzgados y en la calle, con manifestaciones y con demandas. Son los partidos recurriendo al Tribunal Constitucional, y haciendo examen de conciencia. Son los militantes socialistas, y los votantes socialistas, pensándose bien si éste es el viaje al que se apuntaron, porque su apoyo ciego a unas siglas entregadas al populismo es lo que nos impulsa hacia el precipicio. Son los periodistas y las empresas de medios, dejando de bailar el agua al poder como si no fueran responsables de lo que publican y lo que fomentan a cambio de dinero público. Cada uno sabe lo que debería hacer, y si no lo hace ahora, el año que viene quizá no pueda.

Dicho de otra manera: agárrense que vienen curvas. Y sólo nos podemos salvar nosotros.

MIGUEL CORNEJO

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