Los plenos de la infamia catalana

Cuando se cumple el tercer aniversario de todo lo acaecido en Cataluña en 2017, son varias las fechas clave, que deben ser analizadas y entendidas en su justa medida, que desembocaron en ese referéndum de autodeterminación (1 de octubre), el posterior discurso del Rey Felipe VI (3 de octubre), la asombrosa reacción del constitucionalismo llenando las calles de Barcelona (8 de octubre) y la rápida aplicación del artículo 155 de la Constitución y convocatoria de elecciones anticipadas. Todo lo perpetrado por el nacionalismo catalán durante esas semanas puede ser considerado una auténtica tropelía a la democracia y un difícilmente perdonable insulto a la ciudadanía no nacionalista. En este brillante artículo Rafael Arenas, Catedrático de Derecho Internacional y vicepresidente de Impulso Ciudadano, reflexiona sobre los dos días que pueden ser entendidos como punto de inflexión de ese inadmisible golpe de Estado: las jornadas del 6 y del 7 de septiembre en el Parlament de Cataluña.

Unas semanas atrás,  el 7 de septiembre, pudimos asistir a un interesante coloquio entre Carlos Carrizosa, Eva Granados, Lluís Rabell y Alejandro Fernández (moderado por José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano y Julia Moreno, presidenta de S’ha Acabat!) sobre las jornadas del 6 y del 7 de septiembre de 2017, los denominados “plenos de la vergüenza” en los que los nacionalistas aplastaron los derechos de la oposición parlamentaria para aprobar leyes que suponían la derogación de la Constitución en Cataluña y la creación de un estado alejado de los estándares democráticos. Pueden ver ese coloquio, si lo desean, aquí.

Los intervinientes habían participado en los plenos de hace tres años y muchos recordamos aquellos dos días intensos en los que los diputados de PSC, Cs, CSQP y PP intentaban oponerse a unos nacionalistas desatados que habían trazado un plan que ejecutaban sin disimulo y de manera implacable. Las intervenciones de aquellos días de unos diputados que no solamente estaban siendo avasallados, sino que veían como el sistema democrático, que tan laboriosamente se había construido, estaba siendo demolido antes sus ojos; deberían ser de visionado obligatorio en las escuelas. Todos debemos ser conscientes de la fragilidad de la democracia, que -aunque a veces no lo parezca- está siempre en el hilo del alambre (siempre). No me detendré ahora en ello, porque me parece más interesante comentar algo que también salió en el coloquio de ayer, y que es el tan tópico “¿qué hacer?”, cómo afrontar la profunda división abierta en Cataluña como consecuencia del desafío nacionalista. Sobre esto también se pronunciaron los intervinientes de ayer.

Creo interpretar que todos ellos, con matices en los que ahora no quiero entrar, defendieron la necesidad del diálogo para poder avanzar. Creo que es una evidencia que casi entra en la tautología: en cualquier sociedad, y más si es una sociedad democrática, el diálogo es la herramienta básica de construcción de la convivencia, y en situaciones de tensión como las que vivimos se convierte en un instrumento insustituible.

Es cierto que los antecedentes de la situación actual y el comportamiento desafiante de muchos líderes nacionalistas implica dificultades añadidas que justifican el escepticismo; pero siempre será necesario insistir en la necesidad de hablar y de dialogar para continuar adelante. Ahora bien, dando esto por sentado ¿cuál es el objeto de ese diálogo? Porque más allá de las llamadas abstractas al entendimiento es preciso concretar, máxime cuando estamos hablando de un diálogo político. No es de recibo -como en ocasiones se sostiene- que hay que sentarse sin planes previos y a ver qué es lo que va saliendo. Esto último vale para las terapias de pareja; pero no es una propuesta seria si estamos hablando de llegar a acuerdos que se traduzcan en normas o reglas para la sociedad.

Y con esto no digo que este diálogo abierto y sin objetivos no sea importante para la sociedad catalana. Al contrario, creo que es imprescindible a todos los niveles. Yo mismo participé hace unos meses en una experiencia muy enriquecedora organizada por la Escuela de Cultura de Paz de la UAB en la que varios miembros de la comunidad universitaria, nacionalistas y no nacionalistas, hablamos de cómo habíamos vivido los meses de 2017. Fue una experiencia positiva en la que nos expresamos unos y otros con libertad y que, creo, ayuda a construir empatías. Es una práctica que creo que debe extenderse y en la que también deberían participar nuestros políticos; pero este tipo de sesiones no son, evidentemente, el diálogo para llegar a acuerdos que nos permitan avanzar al que ayer se refería Eva Granados, del PSC.

Si estamos hablando de esto último es imperativo que comencemos aclarando los objetivos y el marco del diálogo. Sobre esto último hay menos desarrollos de los que debiera si queremos que esta apelación al diálogo no sea meramente retórica, un subterfugio para presentarse uno mismo como dialogante y acusar a quienes rechazan ese diálogo evanescente como intransigentes. Creo que es importante concretar. No se puede apelar al diálogo y dejar en el aire el marco, objeto y límites de ese diálogo. Como yo también pido insistentemente ese diálogo me aplico el cuento y explico ese marco, objeto y límites, así como las dificultades con las que presumiblemente se encontraría (o encontrará). Desde mi punto de vista, el diálogo necesario es un diálogo entre catalanes.

El conflicto que vivimos es un conflicto de convivencia en Cataluña entre aquellos catalanes que desean la ruptura con el resto de España y llevan años utilizando medios diversos para conseguirla, y aquellos otros catalanes que rechazan esa ruptura con el resto de España y de la UE. Lo anterior implica que objeto de dicho diálogo no es la independencia. No puede serlo ni directamente (una declaración de independencia) ni indirectamente (un referéndum de secesión). No puede serlo porque la independencia de Cataluña es una cuestión que afecta al conjunto de los españoles y que, por tanto, solamente puede resolverse en el marco de las instituciones españolas.

Evidentemente, los nacionalistas están en su derecho de plantearlo y hay, por ejemplo, que felicitarles porque hayan conseguido el enorme éxito de que el gobierno de todos los españoles haya aceptado sentarse con ellos para hablar de ese tema. Personalmente considero esa mesa de negociación entre el gobierno y la Generalitat un profundo error, pero no quiero entrar aquí en ello, pues me basta, para lo que ahora estamos tratando, con indicar que ese diálogo que se visibiliza en la mesa de negociación entre el gobierno y la Generalitat no tienen nada que ver (nada de nada) con el diálogo entre catalanes que aquí yo pido.

El diálogo para recuperar la convivencia en Cataluña ha de ser necesariamente un diálogo en el que estén representados los catalanes no nacionalistas, y obviamente en la mesa de diálogo entre el gobierno de España y el señor Torra los catalanes no nacionalistas no estamos representados ni están presentes nuestras reivindicaciones; es, por tanto, una mesa que no puede contribuir a devolver la convivencia a Cataluña.

Como digo, para restaurar la convivencia deben sentirse representados todos los catalanes y que todos puedan expresar sus legítimas aspiraciones para mejorar la convivencia. Ahora bien, llegados a este punto nos encontraremos con otra dificultad.Para verla tenemos que tener en cuenta cuáles son las reivindicaciones de los catalanes no nacionalistas. Ciertamente, podríamos entrar en muchos detalles; pero me detendré en una sola petición que, creo, nos auna a todos: que las autoridades públicas ajusten su comportamiento a la ley. Esto es, que no actúen fuera del marco constitucional y estatutario, que obedezcan las decisiones de los tribunales, que respeten la neutralidad institucional y no utilicen los medios públicos para hacer propaganda a favor de la independencia. El cumplimiento de la ley. Un punto de inicio que para muchos casi sería un punto final.

¿Es posible introducir este punto en la agenda de la negociación? El cumplimiento de las sentencias judiciales implicaría que, por ejemplo, un 25% de la enseñanza se impartiera en castellano, que las banderas oficiales ondearan en todos los edificios públicos y que los símbolos partidistas que hay en esos mismos edificios fueran retirados, a la vez que hubiera un compromiso solemne por parte de la Generalitat y de las administraciones locales de ajustar su comportamiento a las obligaciones legales y a las decisiones judiciales? Este, me parece, es un punto de la “negociación” irrenunciable por parte de los constitucionalistas; pero ¿estarían dispuestos a planteárselo los nacionalistas?

Recuerdo que hace unos años, creo que fue en 2017, hablando con un compañero y amigo que es catedrático de derecho constitucional, le expliqué que mi activismo cesaría en el momento en el que ese compromiso de las autoridades públicas de ajustar su comportamiento a la legalidad fuera una realidad. No pedía más y si se lograba volvería a las cosas que me ocupaban antes de 2014. Mi amigo, el catedrático de derecho constitucional, me dijo “no lo conseguirás Rafa”.

Es desolador que se asuma que algo tan básico como el compromiso de ajustar el comportamiento de las autoridades públicas a la ley, algo que debería darse por supuesto desde el fin del Antiguo Régimen, aquí, en Cataluña, sea un imposible.Pero aún hay más. Si asumimos que el cumplimiento de la ley es objeto de negociación ¿qué contraprestaciones ofreceremos para que se dé ese cumplimiento? ¿Nos damos cuenta de las consecuencias de esa lógica diabólica? Creo que se verá más claro si explico la conversación que tuve con el padre de un compañero de mis hijos en el mes de octubre pasado. Hablábamos de política y le expresé lo anterior, que mi casi única petición (o única, sin casi) era que las autoridades ajustaran su comportamiento a la legalidad, y él me replicó: “¿cumplir la ley? ¿a cambio de qué?” Yo me reí (por no llorar) y le dije si era consciente de que eso ya no era un diálogo o negociación, sino un chantaje. No puede supeditarse el cumplimiento de la ley a ninguna condición, porque si el cumplimiento de la ley está sujeto a contraprestaciones no estamos en una sociedad libre, sino que hay que diferenciar entre los matones y los sometidos. Añadí que si se daba cuenta de a qué conducía que yo dijera lo mismo, que yo también me situaría al margen de la ley para que así ambas partes estuviéramos equilibradas.

Este es el problema de fondo: el cumplimiento de la ley debería ser previo a cualquier negociación, y el nacionalismo no tiene ningún incentivo para cumplirla porque ahora mismo ya tiene el control de las escuelas, de los medios públicos de comunicación, de la policía, de la sanidad y de un largo etcétera de cosas que utiliza a su antojo sorteando cuando no quebrando directamente los límites legales establecidos. ¿Qué podemos ofrecer los que no somos nacionalistas para que se avengan a negociar?

Este es, por desgracia, el marco en el que se mueve esa anhelada negociación para la recuperación de la convivencia en Cataluña.A mí me parece que lo primero para que podamos avanzar es exigir sin reservas el cumplimiento de la legalidad. A partir de ahí podremos sentarnos a hablar; pero mientras el cumplimiento de la ley sea contemplado solamente a cambio de contraprestaciones (“¿cumplir la ley? ¿a cambio de qué?” que decía el padre del compañero de mis hijos) no estaremos ante un diálogo entre ciudadanos, sino ante la extorsión de unos matones a quienes tienen amedrentados.

RAFAEL ARENAS

Puedes seguir a Rafael Arenas en Twitter y también en su página personal “El Jardín de las Hipótesis”

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