Opulencia e incompetencia

Dicen, y es verdad, que en este mundo se hace más daño por ignorancia e incompetencia que por malicia. 

El principio de Dilbert afirma (no completamente en broma) que “toda persona tiende a ascender hasta llegar a su nivel de incompetencia”. Es decir, que a la larga todo el mundo acaba en un puesto en el que no hace pie y para el que no está a la altura. Pero como el proceso es largo, y sigue habiendo gente competente por debajo, la organización sobrevive. Es la única explicación al hecho conocido de que la mayor parte de las organizaciones progresan a pesar de sus jefes, y no gracias a ellos.

Cuando todo va bien, el problema es relativo. La marea alta eleva todos los barcos, decían los ingleses. Una economía que funciona esconde muchos problemas porque, al fin y al cabo, se puede permitir desperdiciar recursos en incompetencia. Una empresa que va bien se puede permitir bastantes ineficiencias.

Y eso se nota especialmente en una administración pública como la española, diseñada para ser colonizada por los partidos y sus cargos de confianza, y no para dar espacio a los expertos independientes. Aquí con cada cambio de gobierno se nombra a dedo a los grandes directivos, a los directores generales, y a hordas de cargos de confianza y libre designación, y el “mérito y capacidad” exigidos tienen más que ver con lealtades políticas que con capacidades profesionales. Aquí se prima no molestar al jefe y no llamar la atención mucho más aún que en otras organizaciones, y quien no lo tenga claro es cesado de modos que en otros países serían impensables. Es como una empresa en la que el director general contrata a dedos a sus amigos sin tener en cuenta a los accionistas ni a los clientes.

Pero cuando las cosas se ponen serias, porque hay una crisis o ya no hay recursos de los que abusar (o porque la ineficiencia ha llegado a niveles épicos, al dueño se le acaba la paciencia y vende a uno de esos fondos agresivos) las cosas cambian. Cuando se empieza a medir la eficiencia y a exigir eficacia, cuando ruedan cabezas y se cierran departamentos que no aportan valor, los ascendidos por encima de su capacidad (que saben que no saben) reaccionan intentando proteger su propio culo. No deciden nada si pueden evitarlo. No mueven ficha que no esté claramente ordenada, y del modo indicado. No hacen ruido ni levantan olas. Hacen exactamente lo que se les dice y lo que marca la norma, sea o no sea lo que hace falta. Y así es como se producen daños mucho más graves aún.

«Estos meses nos están proporcionando un catálogo de casos, un recital de exhibiciones de incompetencia y cobardía. Las decisiones clave se convierten en patatas calientes con las que no se quiere quedar nadie.»

Estos meses nos están proporcionando un catálogo de casos, un recital de exhibiciones de incompetencia y cobardía. Las decisiones clave se convierten en patatas calientes con las que no se quiere quedar nadie. El tiempo corre, los riesgos se convierten en problemas y luego en tragedias mientras los que deberían prevenirlas o corregirlas escurren el bulto y se piden instrucciones mutuamente. Decisiones completamente inadecuadas a la realidad, pero que cuadran con las normas, nos arrastran de precipicio en precipicio.

Y así podemos ver el intento del Gobierno de que las autonomías pidan un “estado de alarma” que debería ser innecesario con la batería de leyes a disposición de la administración (la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que permite restringir derechos fundamentales (con aprobación judicial); la Ley 14/1986 General de Sanidad, que dice que las autoridades pueden adoptar ‘las medidas preventivas que estimen pertinentes’; y la Ley 33/2011 General de Salud Pública, que permite tomar  ‘cuantas medidas sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la ley”). Todo para no tener que volver a asumir una coordinación que ha demostrado no saber ejercer, pero que es indispensable para que las cosas funcionen. Una coordinación que es su responsabilidad legal y constitucional pero que vendieron por un plato de lentejas. El resultado es una compra pública vergonzosa y (por ejemplo) una aplicación de seguimiento de casos “unificada” que no está previsto que funcione del todo hasta finales de Septiembre.

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No es sólo Sanidad: Educación también está siendo víctima del juego de la patata caliente, con las autonomías intentando delegar en el gobierno, éste en ellas, y los colegios en quienquiera que les deje, con el resultado de que se aprueban unos “protocolos” como los de cierto colegio navarro que a día de hoy prevé 30 niños por aula con mascarilla ocho horas al día, sin hacer PCRs cuando un alumno resulte contagiado, y sin tomar en cuenta las circunstancias familiares de cada uno (los protocolos ni toman en cuenta las familias con personas vulnerables)… a menos que “alguien”asuma la responsabilidad de  decretar una situación oficialmente tan crítica que no haya más remedio que hacer las cosas como es debido. El colegio podría tomar esas medidas ya, pero no lo va a hacer si no se lo dicen para no molestar a la consejería de educación (ni asumir el trabajo de modificar sus procedimientos y adecuar aulas adicionales). 

Todo por no asumir la iniciativa de forzar un plan de educación de emergencia que obligue a los colegios a asegurar la existencia de educación online cuando sea necesario, y de dotarse de aulas y espacios para reducir la aglomeración a los mismos niveles que exigimos en otros contextos. Por no hablar del seguimiento adecuado de casos.

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No basta con gastar el dinero de todos en contratar más profesores, si no se asume el riesgo de decidir cómo usarlos (aulas adicionales, educación online) y hacerlo cumplir. Gastar sin sentido no es actuar, es cubrir las apariencias.

«El ruido de los incompetentes escurriendo el bulto casi ahoga la voz de las familias desesperadas por ver cómo les amenazan con denunciarles si no meten a sus hijos en “grupos de convivencia” de 30 personas…» 

La cobardía y la incompetencia de tantos burócratas bloquea los esfuerzos de muchos buenos profesionales por conseguir soluciones. El ruido de los incompetentes escurriendo el bulto casi ahoga la voz de las familias desesperadas por ver cómo les amenazan con denunciarles si no meten a sus hijos en “grupos de convivencia” de 30 personas a las que ni siquiera se garantiza seguimiento de contagios como en un entorno laboral. Todo ello en medio del mayor repunte de Europa (en casos por millón de habitantes), por delante incluso de Estados Unidos.

Y no hemos hecho más que empezar. Detrás de la emergencia sanitaria viene la financiera, y tendremos que ver reformas de verdad. Berlín no es un hada madrina que regale dinero, y la prima de riesgo se lleva a los niños que dejan que su deuda crezca demasiado. Hay que identificar partidas que reducir, hay que ajustar servicios sin dejar de prestar los que son necesarios, hay que dejar de respetar a los elefantes sagrados. Pero para todo eso hay que ser competente y tener valor, y aquí llevamos décadas cultivando lo contrario.

Portugal fue capaz de rehacer su administración cambiando su marco legal, y deshacerse así de un plumazo del mayor problema para sus presupuestos. Aquí apuesto a que volveremos a ver como se protegen intereses creados y se hacen recortes cosméticos “iguales para todos”, sin análisis y sin criterio, mientras seguimos escuchando, en todos los medios, el ruido de nuestros dirigentes tapándose el culo.

MIGUEL CORNEJO

Síguele en Twitter: @MiguelCornejoSE

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MIGUEL CORNEJO
 
Economista de formación, gestor de proyectos de profesión, aficionado a meterse en charcos —fundó Macuarium.com y Magma, y no acaba de darse de baja de Ciudadanos— y a hacer sonar campanas. Casado y navarrizado. Últimamente le dejan presidir la Asociación Pompaelo, un grupo apartidista que defiende la auténtica historia, la igualdad y la libertad en tierras del viejo reino.

 

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