Iglesias acuerda con Bruselas el rescate de España… ¿Les gusta el titular? Es falso, por supuesto. No sólo porque Iglesias no es capaz de expresar en inglés conceptos complejos, sino porque Bruselas jamás vulneraría las competencias del gobierno español reconociendo a Iglesias como interlocutor válido.

No lo haría por mucho que sea vicepresidente del gobierno. Por mucho que la Comisión pudiera necesitar el apoyo de los eurodiputados de Podemos. Sería ilegal. Sería impensable.

En cambio, no hace semanas que hemos visto al gobierno de España acordar medidas, primero con Bildu y luego con el PNV, que entran de lleno en las competencias del gobierno de la comunidad foral de Navarra tal como se definen en sus estatutos (para puristas: la LORAFNA o los fueros).

En aquel famoso acuerdo suscrito por Lastra cuyo punto primero establecía la derogación total de la reforma laboral, había más puntos. Bildu, Podemos y PSOE acordaban liberar a los ayuntamientos navarros del techo de gasto y otras medidas para modificar su financiación. De ello no se habló tanto como del punto primero, porque incluso entre aberración y aberración hay diferencias, pero ya es una injerencia de primer orden.

La más famosa es más reciente. El PNV y el PSOE acordaron que su nuevo Ingreso Mínimo Vital sería gestionado directamente por la comunidad de Navarra en su territorio. Dejando aparte que la comunidad ya cuenta con una Renta Básica, que ésta se gestiona espectacularmente mal (no reduce los niveles de pobreza, aumenta de volumen cada año, y no tiene la mitad de los controles que debería), esta transferencia de competencias exige a Navarra no sólo poner los medios para gestionar la nueva prestación estatal, sino ocuparse de integrarla en sus propias medidas. Ambas son decisiones que no competen al PNV, partido muy minoritario en Navarra.

Es llamativo también que cada vez que los constitucionalistas critican a su filial navarra, Geroa Bai, sus portavoces defienden que no es lo mismo que el PNV. Estos días, para justificar la legitimidad del PNV en la usurpación, destacan que todos los cargos principales de Geroa, y los que ha impuesto en el parlamento y el gobierno de Navarra, son PNV de carnet.

Esta hornada de injerencias al calor de la crisis sanitaria no es la primera ni será la última; aún está caliente el acuerdo para que el gobierno cediera a Navarra las competencias de tráfico a costa de la Guardia Civil, acuerdo para el que Navarra carece de voluntad y hasta de presupuesto, pero que no ha rechazado formalmente.

Y mucho más grave es la injerencia anterior, retirando el recurso de inconstitucionalidad a la ley autonómica vasca para establecer tribunales paralelos administrativos autorizados para declarar “víctima” (con amplios beneficios) a cualquier colaborador con ETA que denuncie haber sido víctima de violencia policial, cosa que hacían por sistema. Sin perjuicio de que existan casos reales, es totalmente ilegítimo reconocerlos sin que medie una sentencia judicial bien hecha.

«La razón de que Navarra no se defienda es la misma por la que el gobierno del PSOE participa en este certamen de charadas. El gobierno de Navarra está pilotado también por el PSOE, en coalición con Podemos y Geroa, y con el apoyo tácito de Bildu en forma de abstención.»

La razón de que Navarra no se defienda es la misma por la que el gobierno del PSOE participa en este certamen de charadas. El gobierno de Navarra está pilotado también por el PSOE, en coalición con Podemos y Geroa (esa que no es lo mismo que el PNV salvo cuando hay que decidir algo por Navarra), y con el apoyo tácito de Bildu en forma de abstención. Por tanto, ni Madrid ni Pamplona se atreven a llevar la contraria a los nacionalistas salvo cuando intentan romper algo que llama demasiado la atención de los adultos, léase la Comisión Europea.

A diferencia de problemas anteriores, como el crecimiento de la actividad proetarra en manifestaciones, pintadas y homenajes ilegales pero permitidos, este problema sí merece la atención de los partidos políticos. Por eso, una semana después de ignorar un manifiesto de ocho entidades de la sociedad civil de Navarra, se están haciendo eco (a favor y en contra) de otro manifiesto que agrupa a seis. Es de agradecer, pero es un síntoma del problema de base: partidos que están más atentos a sus cuotas de poder que a la vigencia del estado de derecho y al bienestar real de los ciudadanos.

La defensa de ese estado de derecho no empieza por hacer respetar las competencias de una comunidad ante el gobierno. Pero no es mal sitio donde poner pie en pared, si sirve para hacerles recapacitar.

MIGUEL CORNEJO

Síguele en Twitter: @MiguelCornejoSE

 

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