¡EXPRÓPIESE!

Aló Presidente era un programa semanal emitido en directo desde diferentes partes de Venezuela o del mundo, desde allí donde estuviese el «líder de la revolución», Hugo Chávez, contando siempre como público con sus ministros y demás dirigentes, los más fieles, que le seguían y aplaudían como si se tratara de una estrella de la farándula del espectáculo. En la memoria de muchos está aquel programa transmitido desde la Plaza Bolívar de Caracas, una mañana de febrero de 2010. En la escena estaba un Chávez que caminaba de la mano de su hija, la hoy multimillonaria María Gabriela, rodeado de los autodenominados “custodios del Libertador” que portaban gorras y camisetas rojas, ministros y el alcalde, impuesto desde la Presidencia, Jorge Rodríguez, a los que impartía clases de historia de Venezuela con su visión particularizada “socialista y revolucionaria”. Hacía comentarios sobre los edificios que rodeaban la plaza y a quiénes pertenecían, a lo que sus seguidores respondían con vítores y aplausos. Entonces preguntó por uno en concreto y al conocer que estaba en manos privadas lanzó aquella terrible orden: “¡EXPRÓPIESE!». Los gritos de emoción continuaron y también la «CONFISCACIÓN», que no «expropiación», del resto de los edificios que estaban a su alrededor. Uno de éstos, llamado La Francia, tenía pequeños comercios dedicados a la manufactura y venta de joyas que pertenecían a personas que llevaban toda la vida en la orfebrería, muchos con más de 50 años en el ramo. Ese mismo día y el posterior al programa, los comerciantes acudieron horrorizados al edificio y entre lágrimas hacían declaraciones a los periodistas; solo algunos habían logrado llegar antes de que se les impidiera la entrada a sus locales y recuperado apenas algunas pertenencias en pocas cajas. Lo perdieron todo. Familias enteras se quedaron sin su medio de trabajo, y también sus empleados, que llevaban toda su vida trabajando en esos negocios. Chávez actuaba como el gran señor de un feudo, Venezuela, dictando o amparándose en leyes que le permitían adueñarse de las propiedades de los venezolanos; en particular la denominada «Ley de Propiedad Social», que otorgaba facultades al régimen para «declarar la utilidad pública y el interés social de bienes materiales e infraestructuras que pudieran ser considerados susceptibles de ser declarados propiedades de interés social para asegurar la producción socialista».

Hay un hecho previo al que les narro que tuvo vital importancia en la instalación del comunismo en Venezuela. En 2002 fue aprobada la Ley Habilitante por parte de la Asamblea Nacional, controlada por el Castrochavismo, otorgándole poderes plenipotenciarios a Hugo Chávez. Ese mismo año se aprobaron y promulgaron una serie de leyes que daban «suelo jurídico» a todo el sistema instaurado durante estos últimos 20 años, sustituyendo «a paso de vencedores» todo cuanto se relacionara con los 40 años anteriores de democracia. Así, se aprobó la Ley de Tierras, creándose paralelamente el «Instituto Interventor de Tierras», que debía teóricamente organizar lo que estaba fuera de la normativa y proteger al que estaba apegado a la Ley. Lo cierto es que todo esto fue un anzuelo que permitió la confiscación, apropiación y robo de tierras productivas a sus legítimos dueños. Se repartían en pequeños trozos a los seguidores de la “revolución”, personas que desconocían los manejos del campo, por lo que más pronto que tarde, esas tierras cayeron en el abandono, siendo ocupadas por ranchos de hojalata y cartón.

El Instituto Interventor estuvo dirigido, en sus inicios, por profesionales ligados al sector agropecuario y ganadero; creyeron que podrían «ser útiles a la patria», y nada más lejos de ello, pues de hecho aquella junta fue suprimida en menos de un año por no querer plegarse al mandato dictatorial de Chávez. Voy a contarlo: el sur del Lago de Maracaibo tiene tierras altamente fértiles, pero inundables en las épocas de lluvia, cosa que suele ocurrir al menos seis meses al año. Los dueños de las haciendas (fincas) de esta región durante años han obtenido importantes niveles de producción, con zonas para el cultivo y otras para la ganadería de carne y leche (ganado de doble propósito), producción con la que cubrían la demanda de una parte importante del mercado nacional. Chávez determinó que había que «expropiar» esas tierras. Detrás de esa decisión se escondía un lucrativo negocio con un importante grupo ruso. La persona que dirigía inicialmente el Instituto Interventor era una mujer altamente cualificada, y con lo que no contaba el líder de la revolución es que también era mujer de principios a prueba de bombas. Conocía a los productores del sur del Lago, con los que se reunió, recogiendo toda la información que probaba la propiedad de sus tierras, incluyendo «cédulas reales» que fueron reconocidas a mediados del siglo XIX por la Capitanía de Venezuela. Todo ello se le mostró y expuso a Hugo Chávez, y se pensó en ese momento que con toda la documentación en regla sería legalmente imposible realizar las expropiaciones. Además, la entonces directora del instituto Interventor concedió entrevistas en diferentes medios de comunicación, incluyendo los periódicos más importantes del país, donde explicaba detalladamente los hechos; en uno de ellos apareció en una foto de grandes dimensiones con el mapa del Zulia señalando al Sur del Lago, algo que dio mayor visibilidad al grave problema que se avecinaba. Sin embargo, sabiendo lo difícil que sería, en lo sucesivo, un cargo de confianza próximo a la Presidencia, al día siguiente redactó una carta de renuncia al cargo, entregándola esa misma semana a Hugo Chávez, pero éste, obviando el hecho procedió a echarla junto al resto de los miembros de aquella directiva, y lo hizo, cómo no, en riguroso directo en su programa dominical.

Tras hechos como el descrito, y a lo largo de estos 20 años, hemos sido testigos de cómo incontables haciendas han sido confiscadas o robadas a sus legítimos dueños, amparándose en leyes creadas a tal fin, o bien forzados a vender a precios irrisorios. Las tierras están cubiertas por la maleza, abandonadas, completamente improductivas, entre ellas los extensos cultivos de caña de azúcar, que dejaron sin trabajo a muchos ingenieros azucareros y profesionales del sector. 

En el Estado Guárico, en el centro del país, el gobernador de la época, William Lara, asistía a estos penosos hechos con la Guardia Nacional, por supuesto rodeado de un populacho que disfrutaba del triste espectáculo. En una «expropiación» transmitida por los medios de comunicación, se les arrebataban las tierras a toda una familia, abuelos, hijos y nietos; les quitaban todas sus propiedades excepto la casa, abocándoles a la aberrante situación de tener que pedir permiso a los nuevos propietarios para poder acceder a ella.

En estos años de régimen Castrochavista, la confiscación no sólo ha afectado a las haciendas, también han sufrido ese proceder arbitrario empresas, negocios con capital nacional y extranjero, e industrias de diversa índole. Una muy recordada y quizás en su momento emblemática fue AgroIsleña, una empresa familiar de emigrantes españoles que creció con el país y en democracia. En el año 2010 contaba con más de 2000 empleados directos y 59 grandes superficies en las que vendían en régimen mayorista y también, en algunas de ellas, como minoristas, cubriendo todo el mercado venezolano y exportando también productos agrícolas a más de 15 países. Ese año, de nuevo en el programa Aló Presidente, Chávez decidió confiscar todos sus activos: las agropecuarias que tenían en ciudades y pueblos, almacenes, oficinas e incluso el capital. Cambió el nombre de la empresa por Agropatria, obligando a los trabajadores del campo a comprarles. La idea de este régimen siempre ha sido la misma: acabar con la propiedad privada, con la producción en todas las áreas y ámbitos hasta llegar al desabastecimiento que hoy padece Venezuela. AgroIsleña ha continuado sus labores desde España, en Madrid y Tenerife, con causas judiciales abiertas contra el NarcoEstado desde este lado del Atlántico.

Anteriormente a todo lo narrado, Hugo Chávez, apoyándose en la Ley Habilitante, legisló en el año 2007 a favor de la «propiedad pública» y la «propiedad comunal», estatalizando las empresas privadas en áreas estratégicas para la «revolución»; las propiedades fueron orientadas a la colectivización, otorgándole, supuestamente, poderes al pueblo. Todas esas empresas, miles de ellas, quedaron reducidas a escombros y muchos de sus dueños, como aquellos trabajadores de la industria petrolera de los que hablé en otro artículo, tuvieron que optar por el exilio.

De esa vorágine expropiatoria tampoco escaparon las viviendas. Así, en el año 2011 el régimen aprobó una Ley de Regulación y Control de Arrendamientos conocida como «Ley de Alquileres». Desde entonces se ha impedido firmar nuevos contratos, prohibido modificar cánones de arrendamiento, en un país con 1,000,000% de inflación, y, lo que es más grave, les ha otorgado a los inquilinos todos los derechos sobre las casas y apartamentos (pisos), por lo que la gran mayoría de propietarios que tenían inmuebles en alquiler los perdieron, aunque pudieran demostrar que la vivienda era su residencia principal y habitual. Este nuevo movimiento «legal» estaba motivado por varias razones, una de ellas era la de cumplir en parte con una deuda de la «revolución» para con «su pueblo», que pasaba por construir o facilitar soluciones habitacionales, una de las grandes promesas de la llamada «misión vivienda». Pero de forma conjunta a esta ley se aprobó y promulgó la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Vivienda, con lo que se ha imposibilitado que los dueños de los inmuebles puedan desalojar al inquilino, bajo ningún concepto, por grave que sea. No contentos con todo esto, desde el régimen se han promovido las «ocupaciones» de viviendas, aunque más valdría denominarlas «invasiones», sirviéndose incluso de colectivos armados. Muchas personas, entre las que me incluyo, han perdido su única vivienda, con hipotecas íntegramente amortizadas. A día de hoy, intentar recuperar esas viviendas es absolutamente imposible, al igual que venderlas por su precio real… ¡Hemos perdido tanto!

Exprópiese, esa palabra manida por la revolución comunista en Venezuela, ha sido una práctica constante, reduciendo al mínimo la propiedad privada en el país. Nos expropiaron la seguridad jurídica, junto a la seguridad alimentaria, la sanidad pública y privada… Pero aún mucho más, porque en ese sometimiento continuo han ido expropiando lo que históricamente fuimos hasta que esa pesadilla comenzó; nos han expropiado un país y el derecho a vivir en libertad.

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Otros artículos del Dossier Venezuela, de Carolina Rodríguez Cariño, publicados en los últimos meses por Ataraxia Magazine, por orden de aparición:

https://ataraxiamagazine.com/2018/12/01/venezuela-un-pais-en-la-memoria/

https://ataraxiamagazine.com/2019/01/01/de-la-luna-de-miel-a-la-represion/

https://ataraxiamagazine.com/2019/01/13/incertidumbre-en-venezuela/

https://ataraxiamagazine.com/2019/02/01/venezuela-cronologia-de-la-esperanza/

https://ataraxiamagazine.com/2019/03/11/venezuela-morir-en-la-oscuridad/

https://ataraxiamagazine.com/2019/04/04/instalando-el-socialismo/

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