El cómico suceso de Torra jugando al gato y al ratón con la Junta Electoral Central por la retirada de los símbolos independentistas de las instituciones catalanas revela una vez más que los dirigentes de la Generalidad practican una política partisana.

Y es concretamente esta peculiaridad la que condiciona la forma de tratar el problema.

Pero vayamos por partes.

La acción política partisana fue caracterizada por Carl Schmitt en un pequeño pero interesantísimo libro titulado «Teoría del partisano» (Ed. Trotta, 2013). Fue publicado en los años 60 del siglo pasado y era la forma de lucha que empleaban los revolucionarios y los movimientos anticolonialistas por aquellas fechas, aunque el origen del partisano data de la guerrilla del pueblo español contra el invasor francés, durante el periodo 1808-1813, supongo que para desgracia del chiflado Torra.

Las notas que definen esta política, según Schmitt, serían son siguientes:

En primer lugar, su carácter irregular.

La irregularidad se concreta en desobedecer la ley que no le conviene y en aprovechar la que le interesa.

Así, y a modo de ejemplo, los Gobiernos «indepes» recurren al Tribunal Constitucional cuando lo consideran útil para sus intereses, pero se jactan de que fue la «sentencia del Estatut» de este órgano la que provocó sus ansias secesionistas.

En segundo lugar, el partisano acentúa su compromiso político para diferenciarse del vulgar delincuente, y evitar así que se le apliquen las leyes.

En realidad Torra no incumple menos la ley que un preso común. De hecho la incumple más y con mayor gravedad. Su única diferencia con el recluso es que Torra presume y se jacta de que sus delitos no los comete en interés propio sino por el bien de su pueblo.  Si no disfrazara su actividad delincuencial con un manto teológico-político —recuperar la libertad perdida de su tierra— Torra no pasaría de ser un forajido de poca monta.

La tercera característica, derivada de la anterior, es la criminalización del otro, su identificación con el mal absoluto. 

La intensificación del compromiso político, el carácter sagrado de la lucha política del partisano, convierte automáticamente en enemigo total a cualquiera que se atreva a oponerse.  Es un combate entre buenos y malos, donde al malo lo mejor que le puede pasar es que huya.   

Cuando el fin último no es ni más ni menos que «el pueblo de Cataluña pueda determinar libre y democráticamente su futuro colectivo» —declaración del Parlamento de Cataluña de 27 de septiembre de 2012—, ¿qué otra cosa pueden ser los españoles que no se doblegan a la voluntad del autoproclamado pueblo catalán sino ladrones de masas —»Espanya ens roba»—, «hooligans» —Artur Mas el 22 de julio de 2015 en el Parlament—, o «carroñeros, escorpiones, hienas; bestias con forma humana que destilan odio» —Torra, 19 de diciembre de 2012, «el Món»—?

En resumen, la política partisana es un método de lucha irregular, cuyos fines superiores —salvar a la patria o realizar el paraíso en la Tierra— exigen el sacrificio de los fieles en aras de la victoria, y por ende tienen que considerar enemigo absoluto a todo aquel que se niegue a colaborar. 

El problema de esta modalidad de actuación política es que es la más difícil de combatir para cualquier Estado, pues los instrumentos que puede utilizar deben someterse a dos condiciones ineludibles: respetar la más estricta regularidad (Estado de Derecho y Tribunales de Justicia, igualdad ante la ley) y la neutralidad axiológica (todos los valores son aceptados).

Es la extrema complejidad de contrarrestar una política partisana, con los medios del Estado de Derecho, lo que explica la sensación de fracaso ante cualquier medida de los órganos del Estado para desactivar a los independentistas.

Es esa dificultad lo que motivó el fracaso de la estrategia gubernamental para impedir la celebración del plebiscito del 9 de noviembre de 2014 y del 1 de octubre de 2017.

Se utilizaron las competencias que el Estado otorga al Gobierno para anular las convocatorias de los referéndums de independencia, pero las consultas se celebraron a pesar de su prohibición.

Es muy probable que ustedes duden de que el Presidente del Gobierno utilizase realmente todo lo que tenía para evitar que los designados como colegios electorales abriesen el 9-N o el 1-O.

Es obvio que se puede combatir irregularidad (política partisana) con regularidad (Estado) De hecho se hace, como acaba de hacer la Junta Electoral Central.

¿Pero se puede confrontar eficazmente, repito, eficazmente, una reclamación partisana pacífica (votar) con la fuerza estatal? Los resultados del 1-0 no fueron demasiado halagüeños.

Creo que hemos dejado planteado el dilema para el próximo artículo, esto es: cómo gestionar una acción política partisana, cómo controlar por medios regulares a un Gobierno periférico que seguirá comportándose de forma irregular aunque el cielo se hunda (¿ha cumplido algún Gobierno catalán, aunque haya fracasado el intento secesionista, las sentencias del Tribunal Supremo respecto a la política lingüística?).

En suma, la encrucijada reside en cómo puede un Estado de Derecho neutralizar a un Gobierno partisano.

Creo que no le queda otra alternativa que actuar como un «Estado de Derecho partisano». En ello está.

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Jorge Sánchez de Castro Calderón

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