Elecciones, derechos e independencia

La pregunta fundamental a plantear a los cinco partidos de ámbito estatal que concurren a las elecciones del próximo mes de abril, y que debería ser contestada sin ambigüedad alguna, es si están firmemente decididos a defender los derechos de los catalanes que son sistemáticamente vulnerados por el nacionalismo.

Se dice que el problema territorial será el centro de la campaña electoral del 28 de abril. Lo matizaría.

Si nos fijamos en los cuatro partidos de ámbito estatal que ahora tienen representación en el Congreso (Podemos, PSOE, PP y Cs) tan solo Podemos ha planteado la posibilidad de que las Comunidades Autónomas españolas decidan si se convierten en estados independientes (¿verdad que dicho así suena peor que “reconocer el derecho a la autodeterminación”?, pero es que la libre determinación, tal como la entienden Podemos y los nacionalistas, es justamente eso, la posibilidad de convertir una Comunidad Autónoma en un estado independiente de lo que quedara de España). Los otros tres rechazan esta posibilidad. El debate es otro.

Y ese debate es el de la garantía de los derechos de los catalanes. Un debate molesto, que intenta ser evitado, pero que debe situarse en el centro de lo que discutamos desde aquí hasta el 28 de abril.

«Lo primero que ha de asumirse es que ahora mismo ni la Constitución ni las leyes son respetadas en Cataluña ni lo son los derechos de los catalanes.»

Lo primero que ha de asumirse es que ahora mismo ni la Constitución ni las leyes son respetadas en Cataluña ni lo son los derechos de los catalanes. El régimen nacionalista ha impuesto una realidad alternativa en la que elementos básicos para la democracia son vulnerados sistemáticamente.

¿Exagero? En absoluto. Me remito a hechos por todos conocidos.

• Los tribunales han establecido que el derecho constitucional a que el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza exige que al menos el 25% de la docencia se imparta en castellano. En Cataluña esto no se cumple salvo en aquellos colegios en los que los padres han acudido a los tribunales para conseguirlo, en los demás la presencia de castellano se limita a la asignatura de castellano (0 horas hasta los 6 años y 2 horas semanales de los 6 a los 12 años —un 8,8%— y 3 horas a la semana de los 12 a los 16 años —un 10%—).

• Las administraciones públicas utilizan simbología partidista, lo que vulnera, tal como han establecido los tribunales, la libertad ideológica de los ciudadanos.

• Existen varios informes que recogen los casos de adoctrinamiento en las escuelas catalanas. El adoctrinamiento, lógicamente, vulnera derechos esenciales, como la libertad ideológica y el derecho a la educación.

• Existe ya una decisión judicial que reconoce que en una universidad catalana se vulneraron varios derechos fundamentales de alumnos constitucionalistas. En concreto, derecho a no ser discriminado por razón de pensamiento, libertad ideológica, libertad de expresión y derecho a la educación.

«Esta vulneración de derechos es un problema nuclear en Cataluña que, sin embargo, no atrae excesivamente la atención de los partidos políticos y de la opinión pública española.»

Esta vulneración de derechos es un problema nuclear en Cataluña que, sin embargo, no atrae excesivamente la atención de los partidos políticos y de la opinión pública española. Contaré una anécdota: poco antes de las elecciones del 2016 charlaba con una persona de cierta relevancia en un partido constitucionalista y le pregunté qué partido defendería en la campaña electoral los derechos de los catalanes. Me preguntó qué derechos y le resumí las vulneraciones a las que acabo de hacer referencia. A eso me respondió que quizá no había tantas personas que reclamaran estas cosas.

Cuando se trata de derechos no es un tema de si son muchos o pocos sino de hacer efectivos los que tiene cada ciudadano, aunque solo sea uno el afectado. Pretender que los derechos están condicionados a que sean muchos o pocos quienes los reclamen es una perversión de la democracia. Lo que sí es un tema de mayorías o minorías es si la sociedad en su conjunto respalda la defensa de los derechos de sus conciudadanos, lo que se traducirá en mayorías parlamentarias y gobiernos que hagan suyo el objetivo de garantía de tales derechos y la puesta en marcha de medidas que eviten su quebrantamiento.

«Pretender que los derechos están condicionados a que sean muchos o pocos quienes los reclamen es una perversión de la democracia.»

Creo que esto es lo que nos jugamos en las elecciones del próximo 28 de abril. La experiencia que tenemos hasta ahora no es excesivamente halagüeña. Durante los meses de aplicación del artículo 155 el gobierno, entonces del PP, asumió las funciones tanto de gobierno de España como de gobierno de la Generalitat de Cataluña, lo que no fue suficiente para que, por ejemplo, se hiciera cumplir la Constitución en lo que se refiere a la presencia de castellano en la educación. En lo que se refiere a los meses de gobierno del PSOE es obvio que no ha habido ni siquiera declaraciones de apoyo a aquellos que en Cataluña reclaman la aplicación de tales derechos.

Creo que en la próxima campaña electoral este debería ser un tema nuclear y me gustaría que los partidos políticos se pronunciaran de forma expresa sobre lo que acabo de plantear. Creo que todos los españoles merecemos saber qué partidos asumirán como objetivo la garantía de los derechos de todos los españoles, catalanes incluidos; y cuáles consideran que esta garantía de derechos no ha de ser una prioridad.

«La secesión de Cataluña precisa el control de la sociedad, y ese control avanza a medida que se limitan los derechos de los constitucionalistas.»

Este, creo, es un tema importante. No es directamente la independencia, pero se relaciona con ella; porque de acuerdo con la estrategia nacionalista, la secesión de Cataluña precisa el control de la sociedad, y ese control avanza a medida que se limitan los derechos de los constitucionalistas. Dejar que sigan siendo quebrantados es sentar las bases para un nuevo desafío que podría llevar, finalmente, a la secesión.

Espero que en las próximas semanas se planteen estas cuestiones a los partidos políticos y que ninguno de ellos responda que tiene dudas sobre cuántas personas reclaman estos derechos. Sería un insulto a la democracia y a la inteligencia.

Rafael Arenas