Nuestra Constitución cumple 40 años. A pesar de que gracias a ella los españoles hemos gozado de la etapa de mayor estabilidad y prosperidad de nuestra historia, son muchos los que quieren reformarla e incluso derogarla…

 

En estos últimos años absurdos que vive España, o más bien padece, algunos hemos arremetido contra la Constitución del 78 en el tema autonómico. Cada vez es más gente la que no cree que el estado de las autonomías haya sido positivo para este país. Basta mirar a Cataluña o al País Vasco para acreditar la máxima expresión —que no única— de un fracaso anunciado por pocas personas, por cierto, pero anunciado en su momento.

Desgraciadamente, hace falta aclarar y explicar que no estar de acuerdo con ciertos aspectos de nuestra Constitución no te convierte en antisistema ni en fascista de forma automática. Y aquí hay un matiz fundamental a tener en cuenta… ¿Qué grado de desacuerdo hay que tener con el marco jurídico fundamental para poder denominar a un partido anticonstitucionalista?

Si hacemos caso a la ministra de justicia, por la gracia de Sánchez —porque de otro modo jamás esta señora hubiera sido ministra de nada— que determinados partidos no estén de acuerdo con “partes” de nuestra ley fundamental es lícito —entiendo que  habla de sus socios de gobierno, BILDU, ERC, PDECAT y Podemos—; sin embargo, no estar a favor de la organización autonómica del Estado te deja fuera del marco constitucional. Es decir, se puede estar en contra de la existencia de España y trabajar activamente para que eso ocurra —hablamos de hechos ocurridos hace un año, no de 1934— y pactar con ellos, pero no podemos cuestionar el funcionamiento del experimento autonómico.

Dejando al margen lo que diga el infumable gobierno sanchista, es posible hacer un análisis que, sin  ser demasiado profundo, que no son  horas, ponga un punto de prudencia y serenidad en el caos.

La desigualdad de derechos entre españoles en función de la región en que viven es patente. Las consecuencias de ceder las competencias de educación y sanidad a las autonomías  han sido dramáticas

La Constitución del 78 consagra un sistema de organización del Estado en autonomías que, atendiendo simplemente a la evidencia, no ha funcionado. La desigualdad de derechos entre españoles en función de la región en que viven es patente. Las consecuencias de ceder las competencias de educación y sanidad a las autonomías  han sido dramáticas; sí, dramáticas. Miren a Cataluña, País Vasco, Navarra, Baleares, Valencia, y charlen con los padres que quieren que sus hijos estudien en español —derecho básico— y verán lo contentos que están. De la  sanidad qué decir, no puedes moverte con tu tarjeta sanitaria por toda España con  la garantía de ser atendido en todas partes o que te sean dispensados los medicamentos que necesitas, a no ser que haya acuerdo al respecto entre tu comunidad autónoma y la que visitas, cosa que no ocurre en todas. Demencial.

Las comunidades autónomas, en vez de haber sido una herramienta de gestión ágil, han sido el mejor instrumento político para acentuar de forma artificial las diferencias entre regiones, y para inocular la ideología nacionalista, incluso en regiones donde no se compra el discurso identitario.

Cualquier reforma de la ley de leyes pone los pelos de punta. Unos quieren tirar la casa, otros pintarla, y otros reformarla por completo, en sentidos opuestos, por supuesto.

El problema autonómico es quizás el mayor ‘pero’ que yo veo a la Constitución del 78; en lugar de una ayuda se ha convertido en un obstáculo que impide el normal crecimiento de España y, es más, ha contribuido a reforzar a todos aquellos que buscan su desintegración. Aún así, si observamos un poquito el patio político y sus actores, cualquier reforma de la ley de leyes pone los pelos de punta. Unos quieren tirar la casa, otros pintarla, y otros reformarla por completo, en sentidos opuestos, por supuesto. Si por mí fuera cambiaría el modelo de organización del Estado sin ninguna duda, pero asumo y entiendo que no es el momento de plantear una reforma constitucional. Y que sepa la Sra. Delgado, que acato la Constitución, con lo que me gusta y lo que no.

Reflexionando pues sobre el berenjenal que tenemos, difícil de prever hasta por los más pesimistas, sería  lo más prudente tirar por la vía de la lógica. La Constitución contiene resortes para acabar con los desmanes y el desastre producido. Utilícenlos, señores políticos. Recuperen competencias mal utilizadas por determinadas comunidades autónomas y sean diligentes en  el cumplimiento de la ley. Controlen el funcionamiento de las autonomías cuyo significado se ha pervertido, convirtiéndose en pequeños estados. Dejen de mirar para otro lado como han hecho estos años, de comprar voluntades nacionalistas, a cambio de votos, y gobiernen.

Quede claro que no me dirijo al ejército de Pancho Villa, sino al gobierno sanchista, cuyo único remedio es desaparecer. Los españoles pedimos a los partidos autoproclamados constitucionalistas el tan manoseado y poco practicado sentido de Estado.

“A la espera de que Sánchez convoque elecciones y desaloje La  Moncloa, cosa que supongo tendrán que hacer los bomberos, esperamos de los que defienden España, lealtad y prudencia. 

A la espera de que Sánchez convoque elecciones y desaloje La  Moncloa, cosa que supongo tendrán que hacer los bomberos, esperamos de los que defienden España lealtad y prudencia. El primer desafío es Andalucía. Que sepan que los observamos atentamente.

Por todo ello, me permito hablar en nombre de nuestra Constitución y decir aquello de  “Virgencita, que me dejen como estoy”.

 

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