¿Se ha vuelto nacionalista el gobierno de Aragón?

 

El 28 de junio se publicó en el Boletín Oficial de Aragón una ley que actualiza los derechos históricos de Aragón. La publicación no estuvo libre de polémica, la justa, solo la que pueda levantar alguien que no es el protagonista de todas las portadas, montajes y entretenimientos de los últimos años.

Con el objetivo de la superación de las pérdidas de los Fueros de Aragón, derechos de nación histórica, la ley establece la abolición del primer decreto de nueva planta de 1707 que supuso, entre otras cosas, la unificación de los antiguos reinos y la renuncia a usos, costumbres y normas propias de la Corona de Aragón antes de que gobernara Felipe V.

La abolición de decretos del 1707 puede ser interpretada por algunos como un deseo de eliminar cualquier vestigio borbónico y apuntarse a la lista de los destructores de España. Pero quizá habría que leer la ley con detenimiento para poder interpretarla a la luz de la política española y aragonesa actual.

La ley nos ofrece una breve lección de historia y organización de las instituciones aragonesas, algunas de ellas vigentes hasta hoy. La Corona de Aragón contaba con instituciones bien delimitadas: “Rey, el Príncipe de Gerona, Cortes, Justicia mayor, Diputación del Reino, Maestre Racional, los Municipios y Comunidades y era depositaria de un rico patrimonio natural, cultural, jurídico y lingüístico… Las Cortes creadas en el siglo XII eran consideradas por los aragoneses como las representantes del Reino”: los nobles, los caballeros o militares, el clero y las universidades.

“La Diputación General del Reino, surgida a raíz de las Cortes celebradas en Monzón, en 1362, nace como representación permanente de las Cortes con una función meramente recaudatoria” y, posteriormente, se convierte en guardiana de los fueros de Aragón.

“El Justicia de Aragón es el símbolo de la cultura jurídico-política aragonesa”. En un contexto de arbitrariedad era una figura que podía someter a control judicial las actuaciones del rey, sus oficiales y otros estamentos de administración y gobierno. Esta institución ha sido fundamental para articular el pensamiento constitucional desde 1812 y precursora de nuestro actual Estado de Derecho, que somete al rey y a las instituciones del Estado al fuero (derecho).

Además de la lección de historia y derecho aragonés que recomiendo leer íntegramente en el Boletín Oficial de Aragón http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1030173403838 la ley recuerda cuáles son los símbolos de Aragón y establece una serie de disposiciones, a saber: Que el Estado no pueda tomar sin consultar con los representantes de la Comunidad Autónoma decisiones que la afecten directamente; que se revisen y corrijan todas las tergiversaciones existentes de la historia de la Corona de Aragón; que las instituciones y la autonomía de la comunidad funcionen plenamente y se financien como corresponde de acuerdo con sus derechos históricos de “nación” precursora del Estado; que se devuelvan los bienes culturales sustraídos a Aragón que estén en otras comunidades y se recuperen los fueros perdidos con el Decreto de Nueva Planta de 1707. ¡Atención! La ley establece claramente que todo esto ha de hacerse con arreglo a la legalidad vigente, el estatuto de autonomía y la Constitución de 1978 y repite, unas cuantas veces, que Aragón está y estará enmarcada en el Estado español.

Se puede profundizar en el texto y abundar en los pormenores del derecho aragonés. Ese trabajo mejor será cederlo a los juristas de #ataraxiamagazine. Incluso se pueden abordar los intentos —bastante tibios— de mezclar la ideología de género en el derecho foral, pero eso lo dejaremos para otro día.

Hoy empezaré por compartir unas cuantas preguntas que me sugiere la lectura de las 11 páginas del texto.

¿Si compartimos todos los españoles un Estado, instituciones, bienes artísticos, patrimonio material y cultural, lenguas y espacio, para qué sirve la reivindicación y determinación de lo propio de un territorio y de las personas que lo habitan?

¿Hace falta hacer una ley para recordarle a los aragoneses y al resto de los españoles cuáles son nuestras instituciones y símbolos propios, desde cuándo existen, para qué sirven y explicarles la importancia que han tenido en la vertebración de nuestro actual Estado de Derecho?

¿Sirve para algo recuperar privilegios perdidos cuando España no era la que es ahora e insistir en la antigua denominación de “nación” con todo lo que ello implica?

La lectura de este texto no deja la sensación de exclusión de ciudadanos, ni división interna entre «aborígenes» y extraños, ni mucho menos rupturas con nadie.

Y aquí mi reflexión para intentar responder. La primera impresión que tuve fue que la vieja obsesión por el terruño y el nacionalismo identitario se habían apoderado de los políticos aragoneses. No es desconocida la existencia de partidos nacionalistas en Aragón, y como tales siempre han intentado exponer y hacer prevalecer su visión aragonesista. El voto “nacionalista” es, para no variar, necesario para asegurar la permanencia del gobierno de la izquierda. Nos podemos quedar con eso. Sin embargo, esta ley está firmada por un presidente cuyos hechos y palabras le sitúan entre los leales a la España de la Constitución del 78 y, para ser justos, la lectura de este texto no deja la sensación de exclusión de ciudadanos, ni división interna entre “aborígenes” y extraños, ni mucho menos rupturas con nadie.

En España nos encontramos con que hay autonomías que conservan intacto el control y dominio de sus instituciones, sus fueros y, sobre todo, de sus dineros, y otras que aplican desde antes de la democracia aquella cantinela de “quien no llora, no mama” y les sale de maravilla. De esta manera, además de las competencias transferidas de cada uno, es evidente que quien más llora es quien más obtiene con diferencia, a base de chantajearnos a todos. Por eso hace falta recordarle a quien haga falta de dónde venimos. Parece que fueros y privilegios solo los tienen los insolidarios y los llorones, porque se los han ganado, porque ellos lo valen, pero resulta, pequeño detalle, que la historia no les da la razón y no es mal momento para recordárselo.

Cuando oigo al presidente de Aragón llamar al chantajista de turno “el tal Torra” y criticar amargamente sus devaneos racistas, y la deslealtad de las plañideras que lo siguen mientras veneran a cualquiera que amenace con partir España, a menudo me pregunto si aquí no tendríamos que aprender a llorar con brío y decirle al Estado que Aragón existe, que hacen falta hospitales, trenes, inversiones para revertir la despoblación, y que si el vecino díscolo no deja de intentar quitarnos un cacho de tierra y pervertir y manipular la historia de todos, vamos a cabrearnos mucho. Me encontraba inmersa en mis reflexiones de aragonesa recién estrenada cuando apareció la ley.

No seré yo quien defienda “cuponazos” e insolidaridades, y de hecho considero excesivo que se promulgue algo llamado LEY que exija los mismos privilegios que tienen los chantajistas, pero si leemos este texto como un YA BASTA de ignorar territorios y ciudadanos leales, para comprar el favor de destructores a cambio de sillas, no me quedará más remedio que aplaudir cuando se pinta una línea roja bien pintada.

La ley del 28 de junio de 2018 exige “El respeto por los símbolos, nombres y denominaciones originales de las instituciones políticas y jurídicas del antiguo Reino de Aragón y su defensa frente a errores, deformaciones o manipulaciones de la historia o de la realidad territorial, cultural o lingüística de Aragón que desvirtúen su naturaleza o significado”. Habría que sancionar a cualquier institución o cargo público que tenga la osadía de expandir su ego agrandando falsamente su territorio, o méritos torciendo hechos y nombres, o quedándose con el patrimonio material del vecino. Las puntualizaciones históricas y vuelta a los orígenes de esta ley pueden ser una respuesta defensiva ante el expansionismo «chupasangre» aliñado con propaganda supremacista desde hace 40 años. El ciudadano de a pie se cansa del raca-raca, gira los ojos hacia arriba una y otra vez ante las falsedades, los insultos y la supuesta superioridad moral de los vecinos privilegiados, y al final se cansa de vivir en un Estado de autonomías con café para todos, donde casi siempre le toca el café más aguado que al de al lado porque no llora lo suficiente.

La ley exige que se reconozca “El derecho de Aragón a acceder al más alto grado de autogobierno y, como mínimo, al que se le reconozca a cualquier otra nacionalidad del Estado español, en cualquier ámbito competencial, institucional o financiero”

En cuanto a ser reconocidos como nacionalidad, me parece una soberana tontería que no lleva a ninguna parte, o por lo menos a nada bueno. ¿Que Aragón fue una nación independiente durante 700 años (según el texto de la ley)? Bien. Ahora está integrado en España y no tiene ninguna intención conocida de que esto cambie. Llamarse a uno mismo Nación por pura estética o recuerdo del pasado me parece, además de cursi, nada práctico. Hoy, cualquier nacionalidad que no sirva para pasar un control migratorio con un pasaporte que abra puertas para circular como ciudadano de un Estado que lo ampare a uno, y que tenga medios para asistirlo allí donde esté, está demás. La ley exige que se reconozca “El derecho de Aragón a acceder al más alto grado de autogobierno y, como mínimo, al que se le reconozca a cualquier otra nacionalidad del Estado español, en cualquier ámbito competencial, institucional o financiero”. Si a la frase le sacamos lo de “cualquier otra nacionalidad” nos queda simplemente una exigencia de igualdad que no hay, porque en España se consienten la deslealtad y los devaneos identitarios a cambio de favores que permitan a alguien conservar despacho y poder.

Y para terminar, en cuanto al riesgo de que Javier Lambán y su Gobierno estén pensando en subirse a la parra, o que los señores de la CHA se vuelvan cuperos y nos monten comités de defensa de la república de los maños y las mañas, democráticos festivos y familiares, lo encuentro francamente improbable. Los votantes aragoneses no van a pasar por ese aro ni hartos de tinto de verano. Basta caminar por la ciudad de Zaragoza y mirar a los balcones.

Prevalece “La voluntad del pueblo aragonés de mantener y reafirmar su identidad política, institucional y jurídica, sin perjuicio de su integración y participación en el Estado español y en la Unión Europea”.

 Aragón existe. Se trata de eso.

Puedes seguir a Yael Borkow en su blog personal «Ideas Sueltas de una afortunada»